La familia Franco sigue intentando detener exhumación del Dictador del Valle de los Caidos. Lo han hecho a través de un escrito de alegaciones con un total de doce puntos dirigido al Ministerio de Justicia. La familia plantea que la modificación de la ley de "Memoria histórica" es inconstitucional porque no existe una situación de "extraordinaria y urgente necesidad'' y que el Gobierno vulnera "el derecho fundamental a la intimidad personal", como se dispone en el artículo 18.1 de la Constitución.
Además, afirma que la Administración del Estado no tiene jurisdicción sobre la Basílica del Valle de los Caídos al ser un lugar de culto y la exhumación supondría no respetar la inviolabilidad garantizada en virtud de los Acuerdos de 3 de enero de 1979 firmados entre el España y la Santa Sede.
La familia Franco también señala su deseo de que, si la exhumación se llevase a cabo, los restos del Dictador serán trasladados a la cripta de la catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid. Un lugar donde yace la única hija de Franco, Carmen junto al que fuera su marido, Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde, y otros notables como los marqueses de Cubas o los de Urquijo.
La cripta dispone de sarcófagos y columbarios que no están al alcance de cualquier persona, ya que su precio ronda los 180.000 euros. La familia Franco dispondría de hueco reservado para trasladar los restos del dictador si estos, finalmente, son exhumados.
El Gobierno tiene previsto dictar en noviembre la orden de exhumación una vez que se agoten todos los plazos previstos en el Real decreto. Posiblemente será antes del 43 aniversario de la muerte de Franco que se cumplirán el próximo 20 de noviembre. El objetivo es intentar conmemorar los 40 años de la Constitución con los resto del Dictador lejos de las víctimas de la Guerra civil que yacen en el Valle de los Caídos.