El abogado belga del juez Pablo Llarena ha sido quien ha pedido el aplazamiento y ha cuestionado la jurisdicción belga. "El Reino de España y el juez Llarena cuestionan la jurisdicción de las Cortes y Tribunales belgas, por ello he solicitado que se pospusiera la audiencia al 25 de septiembre, para permitir al Reino de España intervenir para defender su inmunidad de jurisdicción y su órgano, en el juez Llarena", ha declarado a la prensa el abogado Hakim Boularbah, al término de la vista en la que se debía decidir el calendario.
En la sala del Tribunal de primera instancia francófono de Bruselas, el letrado que defiende a Llarena ha rechazado la jurisdicción de las cortes belgas sobre los tribunales españoles, si bien este asunto no ha sido examinado por la jueza que presidía la audiencia, Anne Dessy.
Con el visto bueno de la acusación, la jueza ha fijado la próxima vista el próximo 25 de septiembre, "a la misma hora y en la misma sala", momento en que se espera que las partes presenten sus argumentos escritos antes de argumentar el caso oralmente.
Boularbah ha pedido, además, que el caso sea llevado por un tribunal de tres jueces debido a que se trata de un asunto excepcional, una petición que será trasladada al presidente del juzgado.
Una nueva traducción
Durante la vista celebrada este martes en el Palacio de Justicia de Bruselas, ninguna de las partes ha mencionado la polémica por el error en la traducción al francés de las declaraciones de Llarena que la acusación ha utilizado para armar la demanda civil y que atribuían al magistrado español una afirmación que él expresó en condicional.
Fuentes judiciales han apuntado que el asunto de la traducción será abordado por las partes cuando presenten los argumentos escritos. Los abogados de Puigdemont y de los cuatro exconsejeros huidos a Bélgica, Gonzalo Boye y Christophe Marchand, sí han confirmado en declaraciones a la prensa que han informado en esta vista del error en la traducción y presentado una nueva traducción jurada.
Moncloa decidió asumir la defensa del juez del Supremo tras seguir las recomendaciones del Consejo Gneral del Poder Judicial (CGPJ) después de que le llovieran las críticas por decir que eran opiniones personales de Llarena.