Policía y Guardia Civil apoyan la retirada de las concertinas en Ceuta y Melilla pero piden refuerzos

Las organizaciones representativas de las Fuerzas de Seguridad del Estado se debaten entre las que abiertamente sostienen que las concertinas son "ineficaces" y los que subrayan que la presión migratoria obliga a utilizar "elementos de disuasión". "Si no son concertinas, vale; pero tiene que haber otros elementos", sostienen desde el sindicato de mandos policiales SPP, que recuerdan que existe una ley que hay que cumplir.

Hay organizaciones sindicales que ponen el acento en el posible efecto llamada que puede provocar la política migratoria del nuevo Gobierno tras la acogida de los inmigrantes que viajan en el barco Aquarius o el anuncio del ministro del Interior, Fernando Grande-Marslaka, de eliminar las concertinas, aunque subrayan que él mismo ha dicho que antes tiene que encargar antes un informe. Otros sindicatos lo que piden es ir más allá y también eliminar las devoluciones en caliente.

"El problema de Ceuta y Melilla es que no hay fronteras", resume Ramón Cosío, portavoz del SUP. "Decimos sí a la retira de las concertinas, pero está en la mano del ministro que esto no sea un anuncio meramente cosmético". El sindicato mayoritario en la Policía cree que el Gobierno debe presionar para que Europa, a través de Frontex, invierta en una frontera que es común. Las ayudas en origen, principalmente países africanos, es otra de las claves.

"Muchos días tenemos a las siete de la mañana a cuatro policías desplegados frente a 15.000 personas del lado marroquí esperando a cruzar por los pasos fronterizos, esa es la realidad", advierte el portavoz del SUP.

Los policías allí desplazados recuerdan la responsabilidad de la parte marroquí a la hora de prevenir los saltos masivos de la valla. Los sindicatos de policía mayoritarios (SUP, CEP, UFP y SPP) señalan que el pasado mes de marzo denunciaron desde Melilla que el paso diario por la frontera de miles de porteadores de marroquíes trasladando mercancía en fardos convierten a esta actividad en "extremadamente peligrosa para la seguridad de la ciudad y del propio Estado", dado el nivel 4 de alerta terrorista en el que se halla España desde 2015.

"Impera el caos, el desorden, incluso la anarquía" porque cientos de personas se agolpan diariamente frente a una valla y "escasos policías intentan en penosas condiciones establecer sin recursos cierto criterio de entrada". "No existen medidas de seguridad suficientes y hemos llegado a lamentar pérdidas de vidas humanas por avalanchas", subrayan.

"Muy lesivas y provocan graves daños"

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria dentro del Instituto Armado, ha celebrado el anuncio realizado ayer por el ministro del Interior respecto a la retirada de las concertinas porque entienden que resultan "muy lesivas y provocan graves daños y heridas muy profundas en las personas que tratan de acceder a nuestro país por esa vía, además de haber sido duramente criticadas por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos".

Según AUGC, estas concertinas resultaban "ineficaces para solucionar el problema de la inmigración irregular en nuestras fronteras". El anuncio de Grande-Marlaska supone "un paso adelante en el respeto y trato que un Estado de Derecho debe mostrar hacia cualquier ser humano".

Dicho esto, AUGC reclama que la supresión de las concertinas venga acompañada por otras medidas que refuercen el perímetro fronterizo. En primer lugar piden que se incremente el número de efectivos en la zona: "Recordamos que existen permanentemente guardias civiles en comisión de servicio, lo que denota la necesidad de aumentar el número de agentes, así como los medios, con la instalación de cámaras detectoras de movimiento de anticipación".

También es necesario, bajo el criterio de guardias civiles y policías, la adquisición de vehículos con plataformas elevadoras que den seguridad a los agentes que necesiten subir a la valla en el caso de que los inmigrantes accedan a la parte alta de la misma. "Es decir, medidas dirigidas a contener la entrada de los inmigrantes, pero que no les dañen físicamente", según AUGC.

Devoluciones en caliente y efecto llamada

Para AUGC, urgen que Grande-Marlaska se pronuncie también sobre otra de las medidas polémicas que aún continúa vigente, como son las denominadas "devoluciones en caliente" que, según esta asociación, "tan poco respetuosas son con los Derechos Humanos y no ayudan a los agentes". La mayoría de sindicatos policiales coinciden en que falta "una mayor protección jurídica en la labor diaria que realizan en los pasos fronterizos".

"Las devoluciones en caliente no cumplen con la legalidad puesto que el territorio nacional comienza una vez que el inmigrante traspasa la valla. En primer lugar, hay que realizar un reconocimiento médico y en segundo lugar, reseñar al inmigrante para que sea deportado a su país de origen con todas las garantías jurídicas, de seguridad y dignidad para el propio inmigrante", señala AUGC.

Desde el SPP, Adolfo Medina reconoce que las devoluciones en caliente tienen "lagunas" y que esto obliga a "dar una vuelta a la Ley de Extranjería". Y avisa a continuación: "El tiempo dirá si el simple anuncio de retirar concertinas, acabar con devoluciones en caliente o intervenir en rescates humanitarios en alta mar de terceros países provoca un efecto llamada que desborda el control de fronteras".

En la visita que hicieron en marzo a Melilla los sindicatos policiales denunciaron que habían detectado numerosos "parches y soluciones de emergencias". Pusieron el ejemplo de lo que habían visto en el puesto fronterizo de Beni Enza: agentes de la UIP, la unidad de intervención policial especializada en materia seguridad ciudadana tenía aquel día encomendada la misión de ordenar colas de salida mientras apenas cinco policías de extranjería se enfrentaban a 13.000 personas que trataban de cruzar la frontera por los pasos habilitados.

Las quejas de los profesionales de las Fuerzas de Seguridad se dirigen también hacia el escaso interés mostrado por Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Lo que sí subrayan todas las organizaciones es una idea: "la seguridad de los agentes es prioritaria para nosotros".