Junto al gerente de Recursos, Joan Llinares, Asens ha explicado que, tras esta orden de precinto, el CIE tendrá dos meses para abandonar las instalaciones, y ha defendido que la orden de cese de julio es firme porque el Ministerio no la recurrió, pero el equipamiento sigue en funcionamiento.
Esta orden de precinto es el trámite administrativo imprescindible antes de que el Ayuntamiento de Barcelona pueda llevar lo que considera un caso de incumplimiento de la normativa municipal a los tribunales, en concreto a la Audiencia Nacional.