Los magistrados instan al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid que instruye la causa, Antonio Serrano-Arnal, para que cite a Rodrigo Rato declarar por el origen presuntamente ilícito de su patrimonio familiar.
El juez le tomó declaración el pasado 5 de abril en el marco de la pieza sobre la facturación obtenida por las conferencias que impartió para Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC) y suspendió la relativa a la causa del blanqueo, tras el recurso presentado por el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) que solicitó el archivo.
El Instituto Armado atribuye a Rato posibles delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho y malversación de caudales públicos, al aprovecharse, presuntamente, del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado, como Endesa, Repsol y Telefónica, para "colocar" en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener "sustanciosos contratos de publicidad".
Igualmente expuso que el expresidente de Bankia se valió de su influencia en dichos nombramientos para luego obtener "sustanciosos contratos de publicidad" a través de la sociedad Cor Comunicación --creada con sus hermanos y cuyo control adquirió por completo en 2013-- y otras derivadas también bajo su control como Muinmo o Emisoras Rato.
Pese al archivo provisional de esta parte de la instrucción, el juez expuso que los contratos se realizaron "con importes excesivos" y cifró en 71.902.822 euros la facturación provenientes de las empresas privatizadas durante su etapa en la vicepresidencia del gobierno.