La jueza, que no da credibilidad a la versión del denunciante, ha estimado la petición de la Fiscalía, que considera que el hombre podría haber incurrido en una infracción del artículo 36.4 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que persigue "los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito", según ha publicado el diario 'Segre'.
La jueza ha remitido copia de las actuaciones a la Delegación del Gobierno de Lleida por si hubiera infracción del artículo 36.4 de la ley de seguridad ciudadana, que contempla multas de entre 601 y 30.000 euros.
Por su parte, la abogada del joven, Nùria París, ha asegurado que recurrirá la sentencia absolutoria y ha explicado que en el juicio no hubo testigos de parte del joven, porque había mucha gente y sus amigos estaban un poco alejados de él.
El juicio, que se celebró el 26 de junio y en el que el agente declaró por videoconferencia desde Sevilla, fue el primero en Lleida por las cargas policiales contra votantes del referéndum del 1-O.