Ocurría en Murcia. El propietario de una casa encontró su vivienda okupada y decidió, junto a otras dos personas, acceder a ella para que los nuevos inquilinos se marcharan. Tras el desalojo de los okupas, ahora todo podría volverse en su contra.
Los propios okupas se estarían planteando denunciar al propietario. En caso de que así fuera, se enfrentaría a dos posibles delitos.
Por un lado, delito de coacciones, con penas que van desde los seis meses hasta los tres años de cárcel. Y, en segundo lugar, delito de realización arbitraria de propio derecho, que conllevaría una multa cuya cantidad tendría que ser fijada por el juez en función de la gravedad de los hechos.
Por su parte, el dueño de la vivienda dice sentirse “completamente desamparado” y que “sabiendo cómo funcionan las cosas, siempre le va a salir más barato pagar una multa que un abogado”.