España lidera la reutilización de productos tecnológicos en Europa

El Gobierno ha marcado como objetivo, "la reutilización del 3 por ciento de los productos informáticos y pequeños electrodomésticos y, del 2 por ciento en el caso de grandes aparatos eléctricos para el próximo año", incrementándose en un punto, respectivamente, en el 2018, tal y como apunta la compañía Black Market.

Aunque es un "pequeño porcentaje", supone que España lidere el reacondicionamiento de productos tecnológicos frente al resto de países europeos. "La reutilización de aparatos tecnológicos se ha convertido hoy en día en la única alternativa frente a un sistema de reciclado ineficaz para reducir los niveles de basura electrónica", señala el CEO de Black Market, Thibaud de Larauze.

El crecimiento en el volumen de basura electrónica, sumado al fraude y a los elevados costes que se dan en el proceso de reciclaje en España, ha llevado a las instituciones a buscar alternativas para la reducción de estos residuos. "Hay que recordar que este es el residuo que más crece actualmente en España, en torno a un 20 por ciento cada año", apostilla el CEO.

Para reducir esta contaminación, el Gobierno ya introdujo cambios en la ley de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), para anteponer la reutilización de aparatos electrónicos frente a los procesos de reciclaje y así fomentar el consumo más eficiente de los aparatos tecnológicos, alargar su vida útil y frenar el crecimiento de la basura electrónica.

"La nueva legislación supone un avance importante, aunque no es suficiente si no se persiguen las prácticas ilegales que convierten en deshechos, aparatos que podrían seguir utilizándose, o si no se crea una ley contra la obsolescencia programada, que castigue a los fabricantes que limitan la vida útil de sus productos de forma premeditada", declara De Larauze.

Black Market recuerda que casi la mitad de los países de la Unión Europea no cumplen la regulación establecida por la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) sobre su tratamiento. Además, las sanciones que se imponen "no son lo suficientemente duras". La excepción en este caso es Francia, donde se castiga a las empresas que llevan a cabo estas prácticas con penas de prisión o multas que alcanzan los 300.000 euros.