El PSOE pide canalizar en la jurisdicción social las quejas de personas dependientes para evitar la vía administrativa

"Se busca que las personas en situación de dependencia tengan la posibilidad de reclamar por la vía social, ya que es gratuita, más ágil y próxima, en vez de hacerlo por la vía administrativa que es más formalista, gravosa, cara y lenta que la social", ha explicado la secretaria adjunta de los socialistas en la Cámara Baja, Marisol Pérez Domínguez.

El texto registrado busca "clarificar la jurisdicción competente sobre materias relativas a la asistencia y protección social pública, asignando al orden jurisdiccional social, las relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad y las incluidas en la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia", entre otros aspectos.

Según ha detallado la diputada del PSOE, se trata de demandas que el partido ha recogido tras reunirse con las Plataformas de Defensa del Sistema de Dependencia, del CERMI y de la Asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales.

TRES AÑOS PARA REMITIR LA LEY

Pérez Domínguez ha explicado, además, que esta iniciativa llega después de que se haya inclumplido, por parte del Gobierno, un plazo de tres años que establecía la Ley reguladora de la jurisdicción social de 2011, para elaborar una norma posterior que fijaría y pondría en marcha la efectividad de la transferencia competencial al orden social.

Sin embargo, "este periodo ha transcurrido con creces sin que el gobierno haya remitido dicha ley", ha indicado la dirigente socialista, quien ha señalado que su formación continuará "reivindicando los derechos de los afectados y de las organizaciones dedicadas a la atención de los mismos con el fin de proteger a las personas más vulnerables y dar cumplimiento al mandato legislativo".