La ley de multirreincidencia: todo lo que debes saber

Entra en vigor la Ley que penaliza con cárcel el robo de móviles, la ley de multirreincidencia. Son penas de cárcel para las personas que cometen una y otra vez el mismo delito y siempre están en la calle. Lo más llamativo: hasta 3 años de cárcel por robo de teléfonos móviles y penas de entre 1 y 6 años por robos y estafas de menos de 400 euros si se condenan al menos 3 veces. Se endurecen las penas para quienes reincidan en delitos de hurto leve o estafa.

Impulsada por Junts, la ley recibió a finales de marzo un amplio apoyo del Congreso de los Diputados (272 votos a favor de PP, PSOE, Vox, PNV y UPN), tras pasar un periplo parlamentario que llevó a su bloqueo durante meses: se reactivó en noviembre del año pasado, después de que el partido de Carles Puigdemont anunciara su ruptura con el Gobierno. Esta ley también legitima a las entidades locales para ejercer la acción penal en los casos de hurto. En España, Barcelona se consolida como una de las ciudades con mayores índices de este tipo de hurtos.

Además, gracias a esta ley los jueces van prohibir acudir a determinados lugares a los condenados como, por ejemplo, prohibir la entrada de carteristas al metro o a zonas turísticas.

Y la ley incorpora además nuevos delitos como el del "petaqueo", embarcaciones que surten de combustible a las narcolanchas en alta mar. Pero hay voces en la judicatura que no están de acuerdo con la norma porque la consideran populista. Es el caso de Edmundo Rodríguez, de Jueces para la Democracia, que señala que "los delincuentes van a dejar de robar móviles en el momento en el que hayan sido condenados, pero lo que no tiene fundamento y se hace para conseguir el reconocimiento electoral es faltar a los prinicpios de porporcionalidad que garantiza nuestra Constitución".

También en materia de narcotráfico, la ley ha incorporado un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico, con penas de prisión de 6 a 18 meses o multas de 12 a 24 meses, para los delitos vinculados con los cultivos de marihuana en interiores, donde es habitual que se cometa fraude de suministro eléctrico.

Por otro lado, la ley habilita a los jueces que investiguen delitos cometidos a través de internet a retirar cautelarmente contenidos ilícitos, y a interrumpir y bloquear los servicios que los ofrezcan, incluso en el extranjero.