Continúa la tensión en Villamanín, el pueblo donde cayó el Gordo, pero donde parte del premio no se puede cobrar.
Los responsables vendieron más boletos de los consignados.
Continúa la tensión en Villamanín, el pueblo donde cayó el Gordo, pero donde parte del premio no se puede cobrar. Los responsables vendieron más boletos de los consignados. Hoy se debería firmar el acuerdo para evitar los tribunales ¿Es la via judicial parece inevitable?
El acuerdo sobre el Gordo de la Lotería de Navidad pende de un hilo. Tras cuatro horas de discusión, el pasado viernes los agraciados llegaron a un principio de acuerdo, pero ¿Qué validez jurídica tiene esa decisión? Dani Montero, jefe de Investigación de Noticias Cuatro da las claves.
Pues prácticamente nula porque no fue por unanimidad y además no había un censo conciso de quienes tienen posibilidad de voto, porque se desconoce quien tiene la totalidad de esas 450 participaciones. Además hubo tres personas que votaron en contra y hay que una sola de esas personas ya puede presentar una de denuncia que bloquee el cobro de todos los décimos. Ese es el miedo de la mayoría de los agraciados, que en lugar de cobrar el dinero ahora, se abra una vía judicial que impida el cobro del dinero a todos antes de reciban los fondos.
¿Y podría ir a la cárcel alguien por esto?
Podría si se acredita el dolo, es decir, la voluntad de hacer daño. En este caso parece que fue un error sin intención de enriquecerse. Sacando los números. Hablamos de 450 papeletas. De ellas son 50 las que no tienen respaldo de los décimos.
Eso supone, con un donativo de un euro, que los de la comisión de fiestas iban a sacar 450 euros con las papeletas. Así que el supuesto beneficio si había intención de estaba son 250 euros. Algo realmente menor.
Cada papeleta son cuatro euros jugados. unos 80.000 euros brutos. 65.600 si quitamos los impuestos. Ahora han pactado cobrar poco más de 60.000. Así que hablamos de pasar de 65.500 a 60.000 por papeleta a cambio de la paz social.
Eso siempre que nadie denuncie, porque solo con que un poseedor de esas 450 participaciones se presente en el juzgado podría invalidad el acuerdo, además de activar que los miembros de la comisión de fiestas, que ya han aportado esos dos millones de euros en premios a los que han renunciado, tengan que responder también con su patrimonio y podría pasar otra opción, que se declaren insolventes.