El atasco de la justicia en España, un problema estructural que se enquista: esperas de más de 10 años para un juicio
Una violación a una menor se juzgará en 2029, once años después de la denuncia
España, por encima de la media europea en gasto de justicia pero por debajo en número de jueces
Este lunes arranca, por fin, el juicio contra el clan Pujol por delitos de corrupción después de once años de instrucción. El caso, uno de los más mediáticos de la última década, no es una excepción: es el síntoma de un problema mucho más profundo, la lentitud sistémica de la justicia española.
La situación se repite en numerosos procedimientos. Si bien es cierto que, por ejemplo, en el juicio contra el fiscal general, todo fue a gran velocidad. No siempre sucede así. En Mallorca, por ejemplo, una violación a una menor ocurrida en 2017 pero denunciada en 2018 no llegará a juicio hasta 2029, once años después.
El retraso no es una simple anécdota: beneficia al acusado, que podría recibir una pena de apenas dos años, lo que en la práctica impediría su ingreso en prisión, como nos señala Jordi Ribas, abogado de la víctima. Entre otras muchas, la principal causa del retraso fueron los constantes cambios de juez en el juzgado de instrucción, una situación demasiado habitual en España.
Esta falta de estabilidad también estuvo detrás del retraso en el juicio por la muerte de seis mineros en León en 2013. Entonces, el Congreso guardó un minuto de silencio y las instituciones prometieron respuestas rápidas. Sin embargo, la sentencia no llegó hasta el pasado martes, doce años después del accidente, con resultado de absolución para los dueños de la mina y la aseguradora. La jueza encargada del caso estuvo tres años de baja sin que nadie la sustituyera. "Suma y sigue", como apunta el abogado Eduardo Ranz, que tiene pendiente un simple juicio de lesiones desde hace varios años.
El problema tiene raíces claras. España tiene menos jueces por habitante que la media europea. Paradójicamente, el país gasta más en justicia gratuita que otros miembros de la Unión Europea (UE), pero eso no se traduce en una mejor eficiencia del sistema. La normativa procesal -según coinciden numerosos jueces- ha ido complicándose y empeorando, dificultando aún más trámites ya de por sí lentos, como nos señala el juez de instrucción Marcelino Sexmero. De hecho, la llamada 'Ley de Eficiencia' pretendía agilizar procesos, pero en la práctica ha tenido un impacto limitado.
A esto se suma un comportamiento social particular: en España se litiga más que en la mayoría de países europeos, lo que incrementa la carga de trabajo de unos órganos judiciales ya saturados. El Poder Judicial informó recientemente que en 2023 entraron más de siete millones de asuntos, un 4,8% más que el año anterior.
Y como consecuencia directa, los procedimientos se eternizan tanto que incluso se heredan. Muchos abogados conocen bien la escena. Como nos señala Loleta Linares, del despacho Gavin&Linares. Tienen pleitos en los que se les ha muerto su cliente.