Turquía prepara enmiendas para que los juicios por la intentona golpista sean "más eficientes"

Los cambios contemplan que el blanqueo de activos obtenidos por medios ilícitos pasen del Código Penal a la Ley Antiterrorista y que los militares condenados por terrorismo o intentona golpista sean encarcelados en cárceles civiles.

Asimismo, los juicios se celebrarán en distintos lugares dentro de una misma jurisdicción, los tribunales podrán revisar las apelaciones de los detenidos por terrorismo en 15 días en lugar de tres, como hasta ahora.

El borrador contempla además que si un tribunal requiere testimonios adicionales del sospechoso, éstos puedan ser obtenidos por la Policía, mientras que los jueces podrán rechazar la petición de la defensa de escuchar a testigos adicionales si consideran que sólo intentan alargar los procedimientos.

Bozdag ha indicado que el Gobierno presentará probablemente el paquete de enmiendas ante el Parlamento durante esta semana, pidiendo la "contribución" de la oposición, según ha informado el diario local 'Hurriyet'.

Bozdag ha detallado además que más de 34.000 personas han sido detenidas e imputadas por su supuesta relación con el golpe de Estado o por ser miembros de la organización que encabeza el clérigo Fetulá Gulen, al que Ankara acusa de la asonada.

"Se han abierto procedimientos legales contra más de 76.000 personas hasta la fecha", ha añadido, dando una idea general de la respuesta del Estado turco ante el intento de golpe de Estado.

LA FIGURA DE GULEN

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha acusado insistentemente en los últimos años a Gulen de urdir un plan para echarle del poder valiéndose de sus simpatizantes en todos los estamentos del Estado.

La campaña contra Gulen y sus seguidores del movimiento Hizmet se inició después de la apertura de una investigación por corrupción contra varios ministros del Gobierno de Erdogan en diciembre de 2013.

En respuesta, Erdogan acusó a Gulen de promover su derrocamiento a través de una 'estructura paralela' integrada por miembros del aparato judicial y las fuerzas de seguridad que eran afines a Hizmet.

Pese a que el clérigo ha condenado desde Estados Unidos la asonada militar y ha pedido una investigación sobre los hechos, las autoridades turcas insisten en que fue él el principal responsable de lo ocurrido.