Se cumple un año del asesinato de la viuda del expresidente de la CAM

Este fin de semana se ha cumplido un año desde el asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del ex presidente de la CAM Vicente Sala, que falleció tras recibir dos disparos en la cabeza cuando acudía a recoger su vehículo al concesionario Novocar, del cual estaba al frente su yerno Miguel López, hasta ahora principal sospechoso.

Un año después del crimen, la investigación se encuentra a la espera de que se realice una macroprueba de ADN a todas las personas que se encontraban en el concesionario la tarde en que se produjo el asesinato. Aunque la Policía sigue apuntando hacia López como presunto autor, las pruebas biológicas encontradas hasta ahora en la escena no encajan con el ADN del yerno, detenido y puesto en libertad bajo fianza un mes después.

La investigación, de la que se hizo cargo el Juzgado de Instrucción 7 de Alicante, siempre se ha centrado en Miguel López, marido de la hija menor del matrimonio alicantino. Fue detenido el 8 de febrero después de que se descartara el móvil del robo y se centraran las pesquisas en el entorno familiar y personal de Martínez, tal como informó tres días después del suceso el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues.

El crimen se produjo "de una forma muy abrupta, con dos disparos a quemarropa", por lo que la posibilidad de que fuera obra de un sicario es "una posibilidad más, pero la investigación sigue abierta y las líneas son muchas". No obstante, las pesquisas siempre se han focalizado en la familia de la víctima, muy conocida en Alicante por estar al frente de un entramado empresarial con intereses en España y América Latina.

El 20 de diciembre de 2016, 11 días después del asesinato, el hijo mayor de la víctima, Vicente Sala Martínez, se personaba como acusación particular en la causa que investigaba el asesinato de su madre. Semanas después se personaban las tres hijas del matrimonio en una acusación separada de la de su hermano.

ENFRENTAMIENTO FAMILIAR

La principal hipótesis sobre la que ha girado la investigación ha sido el enfrentamiento en el seno de los Sala Martínez por el reparto del patrimonio familiar. Según subrayaba el juez, en la causa subsiste el móvil económico, pues existía un clima de "crispado enfrentamiento" por las decisiones adoptadas en las juntas de las sociedades Sanar Internacional y la Compañía Española de Resinas de cesar a los miembros del consejo de administración --que afectaban directamente a Miguel López y su esposa, la hija menor de los Sala--, nombrar a Vicente Sala hijo como presidente y rechazar el reparto de dividendos propuesto.

La situación, según consta en el acta del consejo de las sociedades, llegó al punto de que uno de los nietos preguntara si la abuela era "consciente de que en el caso de que no haya reparto de dividendos puede estar privando a sus nietos de su formación académica". El juez recalcaba que la capacidad de decisión de la víctima la colocaba en una situación de "completo control" de las decisiones en las compañías.

Esa crisis de relaciones familiares se fue ahondando, en opinión del magistrado instructor, quien consideró como prueba del enfrentamiento familiar tanto los mensajes de Whastapp encontrados en el teléfono de la víctima remitidos por todos los nietos, hijos de las tres hijas de Martínez, y con "especial virulencia" en la familia de la hija menor y esposa del principal sospechoso.

DETENCIÓN DE MIGUEL LÓPEZ

La investigación permaneció bajo secreto de sumario hasta el 8 de febrero, día en que López fue arrestado cuando salía de la finca familiar bajo la acusación de haber disparado contra su suegra el 9 de diciembre en el concesionario que regentaba. Durante la detención, la Policía registró su casa y encontró objetos, utensilios y armas, según informó el delegado del Gobierno.

Miguel López acudió a declarar al juzgado tres días después de su detención y --según informó entonces el letrado que llevaba su defensa, José Antonio García-- aportó al juez "toda la información" y respondió "a todas las preguntas, aclarando todas las cuestiones". No obstante, el magistrado instructor decretó prisión sin fianza tras interrogarle durante tres horas y media.

Su abogado manifestó haber quedado "anonadado", pues, a su juicio, no había "ni una sola prueba biológica ni directa" de López en la escena del crimen. Lamentó además que las pesquisas constituían "elementos sueltos, unidos de una determinada manera, que plantean una dirección" que terminaba en su cliente.

Una semana después de su encarcelamiento, el juez comunicaba a López que sería juzgado en un procedimiento con jurado. Su defensa reiteró la petición de sobreseimiento, mientras que la Fiscalía y la acusación ejercida por el hijo de la víctima ratificaron su petición de que se continuara investigando a López por el asesinato.

El juez continuó así con las diligencias: del 24 de febrero al 6 de marzo interrogó a unos 30 testigos, entre empleados y personas del entorno de la familia Sala, incluidos el hijo de la víctima y sus tres hermanas. Previamente dictó un auto en el que mantenía la prisión provisional para López por la existencia de un "claro y posible" móvil debido al "grave" conflicto familiar y societario, en el que la muerte de la víctima "generaba un cambio radical de la capacidad de decisión".

La defensa de López recurrió el auto contra la prisión provisional argumentando que no había indicios "ni muchos, ni pocos, ni fuertes ni débiles" en contra del yerno de la víctima, al tiempo que acusaba a la investigación de incurrir en "claro sesgo" por apuntar a un culpable y descartaba a su vez un riesgo de fuga.

El 7 de marzo, el juzgado realizó una reconstrucción de asesinato en el concesionario donde tuvieron lugar los disparos. Se tuvo en cuenta que la hora solar y lunar coincidiera con las que había el día del crimen y se comprobaron los ángulos de visión de todos los testigos.

LÓPEZ SALE EN LIBERTAD

Finalmente, Miguel López salió en libertad el 20 de marzo tras pagar una fianza de 150.000 euros. El juez consideró que se mantenían los indicios en su contra, pero estimó que, de acuerdo con un "criterio de proporcionalidad", era posible modificar la prisión provisional y sustituirla por una fianza "suficiente" y la adopción de medidas cautelares que garantizarán que estuviera a disposición de la justicia y evitaran la manipulación de pruebas.

La investigación seguía centrada en el yerno, pues el juez subrayaba en el escrito de libertad que tenía "experiencia en el manejo de armas" y que incurrió en "notorias lagunas e incongruencias". La Fiscalía y la acusación ejercida por el hijo de la víctima recurrieron el auto, pretensión rechazada por el magistrado, por lo que López sigue en libertad con la obligación de personarse en los juzgados todos los lunes y la prohibición de salir de España y acercarse a Novocar.

Con el principal sospechoso en libertad, la investigación se encuentra actualmente en 'standby', a la espera del resultado de las pruebas de ADN de todas las personas que interactuaron con la escena del crimen o estuvieron en el concesionario. La Fiscalía las solicitó después de que la Policía no pudiera relacionar los casquillos con las armas y utensilios incautados a López, así como el resultado negativo de la presencia de su ADN .

El abogado Javier Sánchez-Vera, que se hizo cargo de la defensa de López en sustitución del anterior, presentó en octubre un escrito en el que solicitaba una pericial sobre la camisa de la víctima "por si hubo forcejeo", además de una segunda autopsia sobre las imágenes. Insistía en el móvil del robo truncado y ponía en cuestión la cronología de los hechos establecida por la investigación, en base a una conexión al WhatsApp de la víctima que presuntamente se efectuó cuando ya había recibido los disparos.