Consulta sobre el chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero: los resultados, el lunes

Aunque la dirección prefiere ser cauta y no adelantar acontecimientos, el propio Iglesias se mostró a finales de semana optimista y auguraba una buena participación en la consulta que él mismo convocó el pasado sábado, para que fueran los militantes los que decidieran si deben continuar liderando Podemos o si, por el contrario, su credibilidad se ha visto cuestionada y deben dimitir.

Iglesias dimitirá si la participación es baja

Y es que el futuro de Iglesias y Montero no depende sólo de que cosechen un apoyo mayoritario de sus militantes en la consulta que arrancó el martes y cierra sus urnas este domingo a las 14.00 horas. La participación también es clave, sobre todo desde el momento en que el secretario general afirmó que de ser "baja", la votación deberá considerarse un "fracaso", y eso les obligaría a dimitir, aunque ganara el 'sí'.

Por ello, además del órdago de Iglesias, los principales dirigentes de Podemos, especialmente los llamados 'pablistas' -os que se alinean con las tesis de Iglesias-, se han volcado desde que se abrieran las urnas de votación online en pedir no sólo apoyo a la continuidad de los líderes 'morados' sino también una participación "masiva".

No obstante, ni Iglesias ni nadie de su equipo han querido fijar una cifra concreta que pueda servir después de referencia para cumplir su compromiso de dar un paso atrás aunque la mayoría de participantes hayan votado por su continuidad. Esta tarea de fijar un umbral corresponderá, según señaló Iglesias, a los medios de comunicación que interpreten los resultados.

Podemos registró su récord de participación en la Asamblea de Vistalegre II de febrero del año pasado. En concreto, más de 150.000 simpatizantes votaron para renovar los estatutos y nombrar a la nueva dirección, es decir, el 33% de los alrededor de 455.000 llamados a votar.

En aquel congreso Iglesias también revalidó su liderazgo, con un total del 128.700 votos -el 89% de los más de 155.000 votos emitidos en las primarias-. Tanto esta cifra como la de participación servirán de referencia a la dirección para analizar los resultados y consecuencias de la consulta, en la que están llamados a votar 487.772, de los cuales 158.452 son inscritos activos -los que han participado en algún proceso en el último año-.

La pregunta a responder es la siguiente: "¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la secretaría general de Podemos y de la portavocía parlamentaria?". Y las respuestas, "Sí, deben seguir", o bien, "No, deben dimitir de la secretaría general y de la portavocía parlamentaria y dejar el acta de diputados".

La compra realizada por Iglesias y Montero de una casa por más de 600.000 euros, con una hipoteca a 30 años de 540.000 euros, en el municipio de Galapagar, ha abierto una de las peores crisis internas que ha atravesado Podemos desde su nacimiento hace más de cuatro años.

La pareja de dirigentes, que serán padres de mellizos en otoño, ha negado en todo momento que la operación inmobiliaria suponga una incoherencia con el discurso que mantienen y los postulados que defiende Podemos. Así, el pasado miércoles Iglesias se reafirmó en que no habían cometido ningún error, y aseguró que "jamás" se han planteado renunciar a la casa.

Iglesias y Montero justifican la compra y no renuncian

En una carta conjunta que remitieron a sus bases al día siguiente de hacerse pública la compra, explicaron que lo que les ha llevado a tomar esta decisión es la necesidad de "poder cuidar" a sus futuros hijos en "una casa en el campo" y "con algo de intimidad", protegidos de la alta exposición mediática que sufren ambos.

No obstante, su decisión ha generado malestar entre sus militantes y votantes y también entre algunos sectores del partido, principalmente entre los anticapitalistas --la corriente más a la izquierda del partido--, abanderados por el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', el primer cargo público de Podemos que le afeó a Iglesias su decisión.

De hecho, este sector se ha decantado por no participar, aunque sin poner en marcha una campaña oficial, como señal de protesta a una decisión de la dirección que interpretan como una irresponsabilidad, al cargar sobre la militancia una cuestión "personal".