Pisarello dice que el acuerdo con el Govern no incluye ninguna firma y respeta el informe jurídico

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha asegurado este miércoles que el acuerdo con la Generalitat para que se pueda participar en el referéndum del 1 de octubre en Barcelona no incluye "ningún papel firmado", y ha reiterado que respeta el informe del secretario municipal, que apuntó que ceder locales sería ilegal.

Preguntado por el PP en la comisión municipal de Presidencia, ha insistido en que el Gobierno de Ada Colau aboga por facilitar la participación sin poner en riesgo a funcionarios ni la institución: "La Generalitat, como convocante del 1 de octubre, se compromete a que se respeten estas condiciones. No hay ningún otro tipo de situación", ha asegurado.

"La Generalitat dijo que tenía una fórmula, una manera, de facilitar la participación y la movilización sin poner en riesgo a los trabajadores del Ayuntamiento y respetando los dictámenes emitidos por Secretaría municipal en materia de cesión de locales", ha añadido el teniente de alcalde.

Lo ha dicho en una comisión sin los ediles del grupo Demòcrata, ERC, la CUP y el concejal no adscrito, Gerard Ardanuy (Demòcrates), que han rechazado asistir por los registros en Consellerias y detenciones, medidas que el teniente de alcalde ha criticado: "Cómo BComú, y creo que hablo también en nombre del Gobierno municipal --gobierna con el PSC--, pedimos que se respeten las instituciones de autogobierno de Catalunya".

Ha asegurado que la situación implica un retroceso en materia de libertades políticas y que miembros del PP también están preocupados por estas medidas: "La respuesta que se está dando es típica de un pirómano: echar gasolina al fuego cuando lo que se debería hacer es abrir espacios políticos de diálogo".

Pisarello ha recordado que no comparten la hoja de ruta de la Generalitat y que la unilateralidad se ha mostrado ineficaz, pero ha tachado de desproporcionada esta respuesta , por lo que el PP no sólo pasará a la historia como el partido con más casos de corrupción, el que no ha dado una respuesta a la crisis social, sino que ha generado una crisis sin precedentes en materia territorial por no querer escuchar un clamor mayoritario".

"No creo que nos encontremos en un Estado de Derecho, con la Fiscalía que actúa como brazo ejecutor del Gobierno", ha dicho, y ha criticado que se presione a alcaldes para que defiendan el 1-O pero también que se trate de criminalizar a los más de 700 que lo apoyan, lo que le parece una aberración.

RUEGOS SIN RESPUESTA

Cs ha lanzado un ruego a Pisarello para pedir que el Gobierno municipal se comprometa a no ceder locales, y el PP ha exigido que se abstenga de tramitar o "consentir con su pasividad" cualquier acuerdo que permita el 1-O y asegurar las funciones de la Guardia Urbana en el referéndum.

Pisarello ha evitado posicionarse ante los tres ruegos, sin detallar si los acepta o los rechaza, algo que le ha recriminado la concejal popular Àngels Esteller, a quien Pisarello ha invitado a presentar una queja y pedir al secretario municipal que se pronuncie sobre el asunto, tras lo que ha pedido al Gobierno central rectificar sus medidas, que se responderán con movilizaciones pacíficas, ha dicho: "Escuchen a la calle antes de que sea demasiado tarde".

CRÍTICAS DE PP Y CS

El presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández, ha advertido de que no se puede ser bipolar ante la ley, pidiendo la participación en un acto ilegal, y se ha preguntado: "¿Por qué tanta opacidad? Díganos en que consiste el acuerdo, cuál es su alcance y contenido", ha exigido.

Ha compartido que la situación es excepcional porque instituciones de autogobierno que se llaman democráticas infringen la ley: "Las libertades en Catalunya están garantizadas, pero no la impunidad de los que vulneran los derechos y las leyes", ha aseverado.

La líder municipal de Cs, Carina Mejías, ha ironizado con que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, asegurara que se habían acabado los pactos secretos y que ahora la alcaldesa, Ada Colau, no revele el contenido del acuerdo con el Govern, y ha avisado: "Se está poniendo en riesgo los derechos de muchos funcionarios, que se pueden ver perjudicados por acuerdos secretos".

Ha criticado que el Gobierno de Colau se mueva en la ambigüedad y se ha preguntado si es para protegerse a ella "y dejar vendidos a los alcaldes del PSC", para no perder el coche oficial ni el sueldo, para mantener su posición ante unas futuras elecciones del Parlament y hacerlo mientras deja entre la espalda y la pared a funcionarios, como la Guardia Urbana.