El PSOE registra una propuesta de ley para terminar con las cláusulas abusivas en los contratos

El PSOE ha registrado este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para terminar con las cláusulas abusivas de los contratos y que quiere obligar a los empresarios a informar debidamente a sus clientes de los riesgos que asumen contratando sus servicios.

Se trata de que no sólo las ventajas estén claras para el usuario, sino también "el alcance jurídico y económico de los compromisos asumidos", explica en un encuentro con medios de comunicación el secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE, el abogado Andrés Perelló, responsable de la iniciativa.

La norma quiere impedir que se repitan fraudes como el de las preferentes, un complejo producto financiero que bancos y cajas de ahorro vendieron a sus clientes sin informarles debidamente de los riesgos que comportaba este producto.

Aunque en la actualidad está de moda el concepto de la transparencia, Perelló advierte de que en España las empresas no tienen que ser transparentes porque nadie les obliga a ello. Por eso los socialistas se han puesto manos a la obra para "introducir el control de transparencia como control de legalidad", explica Perelló. Dicho de otro modo, la propuesta de ley del PSOE apuesta por declarar abusiva toda cláusula que adolezca de falta de transparencia.

El dirigente socialista ha avanzado que ni los bancos ni las grandes empresas conocen aún la propuesta del partido y admite que posiblemente no se mostrarán entusiasmados con ella. Pero les anima a asumir el reto de competir entre sí por ver quién es más transparente, porque éste es ya un valor que demanda cada vez más la ciudadanía.

TERMINAR CON LOS ABUSOS EN LAS SUBCONTRATAS

Pero la propuesta de ley no sólo se dirige al consumidor y usuario. También quiere regular el ámbito de la contratación entre empresarios, donde el pequeño y mediano empresario a menudo se ve obligado a aceptar como mero adherente las condiciones y reglamentaciones predispuestas por la entidad financiera, la empresa de servicios o contratista principal de la obra.

En este sentido, Perelló ha avanzado que las pymes han saludado positivamente la propuesta, porque se verán beneficiadas directamente.

La iniciativa socialista, de salir adelante, modificaría y actualizaría cuatro leyes: la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que data de 1998; la de Condiciones Generales de la Contratación; la de Contrato de Seguro y la del Mercado de Valores.

Además, mandataría al Gobierno para que en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor elaborase un proyecto de ley para involucrar a notarios y registradores de la propiedad y mercantiles en el control del principio de transparencia en la contratación.

Con carácter general, la propuesta socialista define como cláusulas abusivas las que vinculan el contrato a la voluntad del empresario; limitan los derechos del consumidor y usuario; determinan la falta de reciprocidad en el contrato; imponen al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le imponen indebidamente la carga de la prueba; son desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento o ejecución del contrato o contravienen las reglas sobre competencia y derecho aplicable.

La propuesta legislativa especifica que la clásula declarada abusiva queda sujeta al régimen de la nulidad de pleno derecho. No podrá tener efectos frente al consumidor y usuario, y no permitirá al profesional obtener ningún beneficio o ventaja derivado de ella.