La Fiscalía de Schleswig dice que todavía no tiene constancia del pago de la fianza de Puigdemont

La Fiscalía General del estado federado alemán de Schleswig-Holstein, donde se encuentra encarcelado el expresidente catalán Carles Puigdemont, ha informado este viernes a la agencia de noticias DPA de que aún no tiene constancia del pago de la fianza de 75.000 euros para su salida de prisión.

A las 08.30 hora local aún no había información alguna sobre ello, ha explicado una portavoz de la Fiscalía en referencia al requisito para que Puigdemont pueda abandonar el centro penitenciario en el que lleva desde su detención el 25 de marzo en el norte del país.

Asimismo, la portavoz ha dicho que la Fiscalía no puede recurrir lo dictaminado el jueves por el Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein. "No existe medio legal alguno para que la Fiscalía recurra la decisión de dejarle en libertad o la desestimación de la acusación de rebelión", ha afirmado, rechazando así las informaciones aparecidas en las últimas horas que apuntaban a esa posibilidad.

El OLG dictaminó libertad con medidas cautelares para Puigdemont y descartó imputarle el delito de rebelión por el que está procesado en España.

La Justicia germana, no obstante, mantiene contra el político soberanista la acusación de malversación de fondos públicos, el segundo de los delitos incluidos en la orden de detención europea (OEDE) activada por el Tribunal Supremo español y autorizó la salida de prisión de Puigdemont condicionada al pago de una fianza de 75.000 euros, una cantidad que, según la Asamblea Nacional Catalana (ANC),*ya habría sido transferida.

Se espera su salida de la cárcel a lo largo de la mañana de este viernes. Una vez libre, el líder soberanista no podrá abandonar el país y deberá personarse ante la Policía en Neumünster una vez por semana e informar de cualquier cambio en su domicilio.

El político de 55 años lleva más de cinco meses fuera de España, país que abandonó tras ser cesado como presidente catalán para instalarse en Bélgica. No hay un plazo determinado para que la Justicia alemana se pronuncie sobre su entrega a España, aunque lo recomendado es 60 días ampliables a 90 en casos excepcionales.