Embargan 246.000 euros a la ANC tras una multa de la Agencia de Protección de Datos

En declaraciones a Europa Press, Sànchez ha detallado este jueves que todavía no ha recibido ninguna notificación de la Agencia Tributaria, pero que las empresas que distribuyen material a la ANC "sí que han sido notificadas de que no pueden tener más relación comercial con la entidad hasta que se salde el embargo".

La Aepd multó en 2015 con unos 240.000 euros a la ANC y con unos 200.000 a Òmnium Cultural por considerar que vulneraron las normativas de protección de datos en la Gigaenquesta con sus preguntas a los ciudadanos, entre las que destacaban las prioridades de inversión que debería haber en una Cataluña independiente, las lenguas oficiales y la participación en un referéndum.

Durante la campaña 'Ara és l'hora' anterior al 9N, miles de voluntarios fueron a domicilios particulares de centenares de municipios para saber si los catalanes estaban o no a favor de la independencia y saber si iban a ir o no a votar.

La ANC recurrió la multa porque defiende que no se vulneró la protección de datos pero "todavía no hay resolución firme", por lo que Sànchez critica que ya se haya procedido al embargo, y lo atribuye a un intento del Estado de debilitar económicamente a la entidad.

"Intentan agotarnos, pero no nos pararán", y está convencido que los catalanes apoyarán solidariamente a la ANC si necesitan recursos económicos para hacer frente a los ataques del Estado, según ha dicho.

Sànchez ha añadido que la Aepd "sólo tiene una quincena de inspectores, pero está constantemente investigando a la ANC", y apunta a que hay más expedientes abiertos.

RECURSO ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que las entidades recurrieron las multas ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, a la que también pidieron paralizar cautelarmente la multa impuesta por la Aepd.

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo rechazó esta medida cautelar, de manera que no se paraliza el pago mientras la Audiencia Nacional estudia si la multa es adecuada.