Correa desvincula a Cascos del reparto de beneficios por la organización de campañas del PP

El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa ha desvinculado este viernes al exsecretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, del reparto de beneficios obtenidos por la organización de las campañas electorales municipales, autonómicas, generales y al Parlamento Europeo que se celebraron en los años 2003 y 2004, facturada a través de las sociedades Spinaker y Rialgreen.

Ha admitido que dividió el 50 por ciento de los ingresos obtenidos con el extesorero del PP Luis Bárcenas, Gerardo Galeote, el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda y exdiputado por Segovia Jesús Merino.

No obstante, ha negado a preguntas de la fiscal Concepción Sabadell que la sexta persona con la que se dividieron los ingresos, identificada en su contabilidad con las siglas PAC fuera Álvarez Cascos. "No es Paco Cascos", ha dicho rotundamente y ha apuntado que podía tratarse de él mismo y que cedió esa parte a su presunto número dos, Pablo Crespo.

Los ingresos se facturaban a partir de las sociedad Spinaker y Rialgreen que, según consta en varios informes y autos de la instrucción facturó en 2003 y 2004 más de tres millones de euros al PP. Este beneficio se habría dividido en dos partes iguales: una que se repartía entre el administrador de Asian Deluxe Group, José Luis Roig Gallego y la persona identificada como P.A.C; y otra que se distribuía entre otras seis personas entre las que volvía a aparecer P.A.C junto a los antes citados.

Correa ha explicado que repartió ese dinero con los cinco porque había sido una campaña muy dura y quiso así agradecerles su cooperación en el trabajo realizado. "Me habían ayudado mucho".

Según apuntó el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz "los fondos públicos recibidos para la financiación electoral y que se destinan a pagar los gastos electorales que realiza la formación política, actos de la campaña electoral realizados por Rialgreen, revierten a los responsables políticos del Partido Popular encargados del control de los ingresos y gastos electorales, distrayendo estos recursos de forma indirecta para su lucro personal, a través de una facturación ficticia con empresas de Luis De Miguel".