La Fiscalía Anticorrupción pide prisión sin fianza para Ábalos y Koldo por el caso de las mascarillas
Ábalos sería el primer diputado en ejercicio en ingresar en prisión provisional
El fiscal jefe Alejandro Luzón alega ante el magistrado Leopoldo Puente que la medida está justificada por el alto riesgo de fuga ante la inminencia de un juicio con penas elevadas justifica
La Fiscalía ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo que investiga el caso Koldo la prisión incondicional de José Luis Ábalos y Koldo García. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que existe un alto riesgo de fuga que justifica la más dura de las medidas cautelares contra el ex secretario de Organización del PSOE -hoy diputado del Grupo Mixto- y su mano derecha en la etapa en la que dirigió el Ministerio de Transportes.
Ábalos ha llegado con tiempo, con tres cuartos de hora de adelanto y una mochila semivacía. A las 12.30 estaba citado Koldo, que ha entrado en el Alto Tribunal rozando esa hora, con una mochila grande a reventar, vaqueros y calzado cómodo. Según las fuentes consultadas Koldo asumía su ingreso en prisión y estaba preparado para ello, mientras que Ábalos estaba más asustado y tenía más miedo al ingreso en prisión.
Primer diputado en ejercicio en ingresar en prisión provisional
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y las acusaciones populares que lidera el PP han pedido al magistrado que encarcele a Ábalos sin posibilidad de eludir la prisión con una fianza. De ser así, se convertiría en el primer diputado nacional en ejercicio en ingresar en prisión provisional.
La petición de modificación de medidas cautelares para ambos responde a la finalización de la investigación y, sobre todo, a la presentación de los escritos de acusación contra los tres encausados por el caso Koldo en el Supremo: Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama. La Fiscalía y las acusaciones populares consideran que la entidad de las penas reclamadas para los dos primeros y la proximidad del juicio justifican la prisión preventiva para asegurar su presencia en el banquillo.
A lo largo de las pesquisas, el instructor ha revisado varias veces las medidas vigentes. Hasta este momento, Fiscalía había evitado pedir prisión, mientras que las acusaciones lo hicieron por primera vez en la vistilla de hace apenas un mes. En las anteriores ocasiones, el magistrado ha seguido la línea marcada por Anticorrupción. Ahora, tendrá que analizar el nuevo escenario.
La defensa de Ábalos, que ejerce desde fechas recientes el ex fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, ha esgrimido el arraigo de Ábalos para rechazar el riesgo de fuga. El investigado tiene "un trabajo conocido", ha dicho el letrado en referencia a su condición de diputado. De perder esa condición, ha dicho el abogado, se produciría una "vulneración del derecho de representación" política de los ciudadanos de Valencia, en cuya circunscripción resultó elegido.
Ha añadido la "ausencia de indicios reales" de delito, calificando de "incoherente" el informe patrimonial sobre el ex ministro. Y ha subrayado que ha tenido una semana para huir, desde que se convocó esta vistilla, y se ha presentado. A todo eso, el abogado ha agregado que con la petición de prisión lo busca la Fiscalía es un fin que no contempla la ley: que el investigado acceda a colaborar con la Justicia y reconozca los hechos.
Fue el pasado 3 de noviembre cuando Puente propuso juzgar a Ábalos, Koldo y al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, por el supuesto cobro de comisiones a cambio de adjudicar a Soluciones de Gestión --vinculada al empresario-- contratos para la compra de material sanitario durante la crisis del Covid-19.
La Fiscalía reclama una condena de 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. El Ministerio Público también interesa una multa de unos 3,9 millones de euros.
Por su parte, las acusaciones populares solicitan penas de 30 años de prisión para Ábalos y Koldo, a quienes atribuyen los mismos delitos que Fiscalía más otros dos: prevaricación y falsedad en documento oficial.
Además, tanto Fiscalía como acusaciones piden 7 años de prisión para Aldama, atenuando la pena propuesta por su "confesión", que sirvió para destapar la presunta trama de adjudicación irregular de obra pública que tendría como cabecilla al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.