El Gobierno veta el recargo fiscal de Podemos a la banca alegando que el Estado perdería dinero con Bankia

El Gobierno ha justificado su veto a la proposición de ley de Unidos Podemos que elevaba la presión fiscal a las entidades financieras argumentando, entre otras cuestiones, que el Estado perdería dinero por su participación en Bankia, donde ahora tiene un 61%.

Así figura en el escrito de disconformidad con el que el Ejecutivo ha rechazado la tramitación parlamentaria de esa iniciativa legislativa acogiéndose a la capacidad de veto que le otorga la Constitución cuando entiende que se altera el escenario presupuestario, sea por aumento del gasto o por disminución de los ingresos. El texto del Gobierno, al que ha tenido acceso Europa Press, ha sido aceptado este martes por la Mesa del Congreso, paralizando la ley de Unidos Podemos.

Aunque la iniciativa está diseñada precisamente para aumentar los ingresos públicos --aumenta en diez puntos el Impuesto de Sociedades a los bancos durante al menos cinco años para recuperar parte del dinero perdido en el rescate--, el Gobierno estima que, no sólo no se alcanzaría este objetivo, sino que el Estado perdería dinero.

Frente a los 6.000 millones que Unidos Podemos contemplaba recaudar, el Gobierno considera que la iniciativa solo supondría un aumento máximo de ingresos de unos 700 millones de euros, y además esto "se vería más que compensado por una pérdida inmediata de unos 800-900 millones en la participación del Estado en Bankia". Y es que, según el Gobierno, este incremento de la presión fiscal provocaría una caída de la cotización "de aproximadamente 1.400 millones al tener que reportar menores beneficios netos".

Y ADEMÁS, FUGA DE NEGOCIOS AL EXTRANJERO

Por otro lado, el Gobierno matiza el efecto recaudatorio previsto por la coalición de izquierdas por una mayor activación de bases imponibles negativas y activos fiscales diferidos (DTAs), lo que reduciría el tipo efectivo del impuesto y, por tanto, la recaudación.

Además, señalan que el paso a un tipo del 40% "incentivaría a las entidades crediticias a constituir holdings financieros en países con un marco tributario más favorable, minorando la recaudación procedente de las filiales en el exterior", reconociendo la posibilidad de una fuga de negocios a otros países por parte de la banca.

Sin llegar a realizar una cuantificación concreta de otros efectos, el Gobierno señala también que este aumento de los impuestos podría afectar a la recaudación de otros tributos y al crecimiento del PIB, ya que el hecho de que el sector redujera sus beneficios netos y redujera su crecimiento, razona el Ejecutivo, obligaría al sector a "reducir el ritmo de concesión de crédito, lo cual reduciría las tasas de crecimiento de consumo privado y de inversión"