CC.OO. y UGT piden una reforma urgente de la legislación para adaptarla al fallo del TJUE

El sindicato que lidera Ignacio Fernández Toxo ha subrayado que, hasta que se lleve a cabo esa reforma, promoverá acciones judiciales que comprendan a la totalidad de trabajadores temporales, casi cuatro millones de personas, para hacer efectivas las diferencias económicas que les puedan corresponder.

"No es necesaria ninguna reforma legal para habilitar que los tribunales puedan reconocer, en el curso de un proceso laboral, el abono de una indemnización de 20 días ante la extinción de cualquier contrato temporal. Esta medida se aplica a todos los contratos temporales que se han suscrito y que están vigentes, o que se celebren en el futuro. Pero también comprende a todos los contratos temporales que se han extinguido con anterioridad a la fecha de la sentencia, con el único límite de que no haya transcurrido un año desde que tuvo lugar dicha extinción", explica CC.OO.

Por su parte, UGT ha advertido de que, si no se acomete este reforma del Estatuto de los Trabajadores, recurrirá a los grupos parlamentarios y al Parlamento para que la legislación española se corrija vía proposición de ley.

Según la secretaria de Política Social, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, esta sentencia "representa una enmienda a la reforma laboral española por discriminatoria".

"La sentencia pone en cuestión tanto las indemnizaciones a la finalización de la relación laboral como la debilidad en la causalidad de los despidos. Con este fallo, los trabajadores temporales podrán reclamar una indemnización de 20 días al finalizar su contrato, y aquellos que estén en fraude de Ley -ocupando un puesto fijo, pese a tener un contrato temporal- podrán reclamar hasta 33 días por año trabajado", sostiene UGT.

El sindicato aclara que la sentencia del TJUE no está estableciendo un contrato único, sino corrigiendo una "discriminación" en materia de indemnizaciones.

El gabinete jurídico de UGT está analizando con detalle ésta y otras sentencias del Tribunal de Justicia Europeo para evaluar las consecuencias que tienen para los trabajadores, y ver cómo encauzar las demandas sobre sobre los posibles efectos retroactivos.