¿Qué es una región ultraperiférica? Sánchez pedirá que la Unión Europea reconozca así a Ceuta y Melilla
Canarias es el único territorio en España que tiene el estatus de región ultraperiférica.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se ha comprometido este jueves en el Congreso de los Diputados a impulsar a Ceuta y Melilla como regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea. Una fórmula para dar más peso y compensar con ventajas económicas a dos ciudades singulares de la Unión Europea.
Sánchez también ha prometido promover que Ceuta y Melilla formen parte activa del Comité Europeo de las Regiones para darles voz directa en las instituciones comunitarias.
Actualmente, existen nueve regiones ultraperiféricas. Todas ellas son islas francesas, portuguesas y españolas, las islas Canarias. Pertenecientes a Portugal, son reconocidas como regiones ultraperiféricas Azores y Madeira. Francia es el país que más regiones ultraperiféricas reconocida tiene. Son Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Reunión, Mayotte y la colectividad de San Martí. En ellas viven cinco millones de personas y todas tienen características en común.
Los requisitos para poder adquirir ese estatus especial son lejanía, insularidad, tamaño reducido y dependencia económica de fuera. Esas desventajas las hicieron candidatas para ser compensadas con beneficios fiscales, ventajas comerciales y ayudas a ciertos sectores.
Esto lo cumple Canarias, pero no Ceuta ni Melilla que no son islas, pero el Gobierno quiere equiparlas y que puedan beneficiarse también de bonificaciones al transporte para que sus ciudadanos entren y salgan a la Península más barato, exención o reducción de impuestos y ayudas a la producción propia. Las regiones ultraperiféricas disfrutan de acceso preferente y directo a Fondos Estructurales. En la mayoría de regiones ultraperiféricas no se paga IVA.
El principal beneficio de este movimiento radica en que eleva el estatus de ambas ciudades autónomas, que dejarían de ser fronteras nacionales de España para consolidarse, a todos los efectos, como la frontera exterior de la Unión Europea en el sur del continente.
Este blindaje institucional implica un cambio geopolítico radical: a partir de ese momento, cualquier tensión internacional, crisis diplomática o presión migratoria que afecte a estos territorios dejaría de ser un problema exclusivo del Estado español y pasaría a convertirse en un asunto directo de la Comisión Europea y del conjunto de los 27 Estados miembros. Bruselas quedaría obligada a implicarse de forma automática, jurídica y presupuestaria en la protección, seguridad y estabilidad de dicho territorio.