¿Adiós al spam telefónico? Consumo quiere obligar a las compañías a identificar las llamadas comerciales
La idea del Gobierno es obligar a las empresas a identificar las llamadas comerciales
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Las llamadas spam, aquellas que recibimos con una oferta comercial que no hemos solicitado, tienen los días contados. El Ministerio de Consumo quiere prohibirlas antes del verano y las compañías telefónicas serán las encargadas de su bloqueo. El objetivo es bloquear estas llamadas en las que -en muchas ocasiones se esconde un entramado mafioso detrás- e impedir que se haga negocio con el tiempo de los usuarios.
“Que si estoy contenta con mi línea telefónica”, “Que si quiero cambiar” o “Tratan de convencerte de algo que no demandas”, son algunas de las frases más escuchadas en las llamadas spam.
“Las empresas que hacen esto deberían estar perseguidas y sancionadas", asegura un ciudadano
Con las mismas excusas y sin nuestro consentimiento. Las llamadas spam molestan a todos los usuarios. “Es un engorro porque aunque vayas bloqueando los números es muy molesto”, confiesa un joven. Así que el sentimiento ya es compartido. “Tengo más de 200 teléfonos bloqueados”, reconoce una joven.
Algunos ya ven la solución bastante clara. “Las empresas que hacen esto deberían estar perseguidas y sancionadas a tope, no hay derecho”, explica un hombre. Y esto es lo que ha puesto en marcha el Ministerio de Consumo: bloquear por ley las llamadas telefónicas de spam. “Impedir modelos de negocio aprovechándose del bienestar y del tiempo de consumidores”, sostiene Pablo Bustinduy Amador, ministro de Consumo.
Las empresas estarían obligadas a identificar las llamadas comerciales
La idea del Gobierno es obligar a las empresas a identificar las llamadas comerciales. La segunda medida es declarar nulos todos los contratos que se realicen por una llamada no consentida y obligar a las empresas a renovar cada dos años el consentimiento del usuario para recibir llamadas. Estas dos enmiendas estarían incluidas en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela y que se suman a otras como, por ejemplo, regular las suscripciones para evitar renovaciones automáticas no deseadas.
Las empresas estarán obligadas a comunicar con 15 días de antelación la fecha de renovación de un servicio o suscripción que haya sido contratado de forma online y deberán facilitar la baja voluntaria en caso de que se desee. En cuanto a los gastos de gestión, deberán incluirse en el precio se ofrece. Las compañías estarán obligadas a incluir, desde el principio, el precio definitivo y final de un bien o servicio que ofrece al consumidor de forma online. Así, se evita que las empresas comuniquen precios desagregando cifras e incluso en distintos momentos del proceso de compra.