Conforme explica al secretario de la Federación, Mikel Mazkiaran, el titular de Interior debe "aclarar la posible vulneración de la legislación internacional de obligado cumplimiento para España" y que prohibe las expulsiones colectivas así como la devolución sumaria de personas que no han sido identificadas y no han tenido por tanto, opción a pedir protección internacional.
"El hecho de que incluso se haya hecho público que Cruz Roja diese asistencia sanitaria a estas personas agrava el rol del Ministerio, en la medida que no sólo hay que garantizarles la asistencia humanitaria, sino también un procedimiento individualizado. De lo contrario, no hay otra lectura que una vulneración flagrante del Derecho Internacional que el Ministro debe explicar de forma urgente en el Congreso", dice Mazquiaran.
SOS Racismo recuerda que tanto la Ley de Extranjería, como el Comvenio Europeo de Derechos Humanos contemplan la obligatoriedad de las autoridades de informar a las personas interceptadas tras entrar en territorio nacional de sus derechos, ofreciéndoles la posibilidad de acceder a asistencia jurídica, intérprete y a la tutela judicial efectiva.
En la misma línea, señala que es obligación de las autoridades proceder a la identificación de perfiles vulnerables que no pueden ser expulsados por cuestiones de índole humanitaria o por tratarse de potenciales personas refugiadas o víctimas de trata.
Para la presidenta de SOS Racismo, Irene Carrión, todas estas cuestiones, "sumadas a la aceptación pública de una asistencia humanitaria en territorio español, son del todo incompatibles con las actuaciones del Ministerio".
Por todo ello, SOS Racismo pide al ministro de Interior que comparezca en el Congreso "de forma urgente, no sólo para dar las oportunas explicaciones sobre estas potenciales vulneraciones de derecho, sino también para informar de los mecanismos que su ministerio pondrá en marcha de forma inmediata para dar cumplimiento a la legalidad internacional vigente en materia de Derechos Humanos".