De este modo, contradicen las palabras del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras que, este lunes, en un encuentro con corresponsales extranjeros, señaló que la intervención impedirá a la Generalitat gastar "ni un euro" en partidas como industria, comercio, ganadería, cultura, investigación, juventud, deportes, vivienda y RGC.
En un comunicado, los representantes de la comisión Sixte Garganté y Diosdado Toledano han señalado que la Orden del Ministerio de Hacienda y Función pública publicada en el Boletín Oficial del Estado dice expresamente que no afecta a las prestaciones económicas previstas para la inclusión social y lucha contra la pobreza, entre las que está la RGC.
Así, han señalado que la Generalitat, de acuerdo con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley catalana de Presupuestos para 2017, "dispone de un Fondo estructural de cohesión social y garantía de rentas para dotar de recursos a la RGC".
También han asegurado que puede hacerse el pago de forma directa o comunicarlo al Ministerio de Hacienda y Función pública, para que lo realice directamente del Estado, a cargo de las cuentas catalanas.
El derecho a cobrar las prestaciones económicas de la RGC, con efectos del día 15 de septiembre de 2017, y con pago el día 30 del mismo mes, "no puede ser cuestionado, no puede ser objeto de debate político, ni puede estar condicionado al referéndum de autodeterminación convocado para el día 1 de octubre de 2017", han mantenido.