Aso ha reconocido que "los funcionarios nunca deben falsificar documentos administrativos o presentar esos documentos falsificados ante el Parlamento" y ha vuelto a pedir disculpas por lo ocurrido.
Las declaraciones del ministro, que se ha vuelto a negar a dimitir, han tenido lugar poco después de que el Ministerio de Finanzas desvelara que 20 de sus miembros harán frente a medidas disciplinarias por sus responsabilidad en el escándalo.
El informe determina que las falsificaciones fueron ordenadas por el entonces jefe de la Oficina Financiera, Nobuhisa Sagawa, quien defendió en reiteradas ocasiones el acuerdo con la guardería Moritomo Gakuen, según ha recogido la cadena de televisión local NHK.
En el centro del escándalo están unos terrenos comprados en 2016 por la guardería Moritomo Gakuen, en la prefectura de Osaka y vinculada a Abe, su esposa, y otros destacados políticos del país que apoyan su línea conservadora de enseñanza.
Los terrenos fueron vendidos a la guardería por un precio inferior a su valor de mercado, lo que desencadenó acusaciones de favoritismo debido a que Akie Abe era una de las personas que entregaba donaciones al centro.
Tras ello, el Ministerio de Finanzas presentó en 2017 los documentos de la venta, si bien surgieron denuncias sobre que habían sido manipulados, lo que finalmente ha sido confirmado este lunes.
Cae la popularidad del gobierno japonés
La popularidad del Gobierno de Japón ha caído diez puntos hasta el 39 por ciento en medio de las crecientes sospechas en torno al caso, según un sondeo de opinión divulgado el viernes por la agencia de noticias nipona Jiji. Es la primera vez que la popularidad del equipo de Abe se sitúa por debajo del nivel de rechazo, en un 40,4 por ciento.
El primer ministro del país se ofreció a presentar su dimisión en caso de que se demuestre cualquier lazo que le vincule con la controvertida compra de los terrenos, si bien por el momento no se ha pronunciado al respecto.