En el caso hay un total de 738 acusados, imputados por cargos que podrían acarrear la pena capital y el encarcelamiento a perpetuidad, según ha informado el diario local 'Al Ahram'.
Los veredictos han sido enviados al gran muftí, Shauqi Allam, quien debe dar su opinión antes de que cualquier ejecución sea llevada a cabo en el país.
Los asaltos contra las acampadas se saldaron con la muerte de al menos 1.150 personas, según datos de la ONG Human Rights Watch (HRW), si bien el Gobierno solo reconoce alrededor de 900.
Cientos de personas, en su mayoría seguidores de Hermanos Musulmanes, se atrincheraron en la mezquita cairota de Al Fatá -que estaba siendo utilizada como hospital tras el desalojo de dos sentadas en apoyo a Mursi por parte de las fuerzas de seguridad-, y las fuerzas de seguridad entraron a la fuerza para desalojarlas. Murieron 44 personas.
El Gobierno de Abdelfatá al Sisi, que accedió al poder tras imponerse sin apenas oposición en las presidenciales celebradas meses después del derrocamiento de Mursi, ha lanzado una campaña contra Hermanos Musulmanes y los grupos revolucionarios que encabezaron las protestas que provocaron la caída del régimen de Hosni Mubarak en 2011.
Las nuevas autoridades declararon a Hermanos Musulmanes como una organización terrorista, incrementando su presión contra el grupo y sus miembros.