El PP acusa a la Fiscalía de prestar "favores indecentes" al presunto líder del 'caso Mediador'
El PP asegura que Juan Bernardo Fuentes Curbelo "está recibiendo favores de la Fiscalía"
Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como 'Tito Berni', está implicado en el 'caso Mediador'
Los socialistas se blindan ante especulaciones de corrupción
Este sábado es noticia la última trama de corrupción que acecha al PSOE, 'el caso mediador'. El PP insiste en cercar a los socialistas por la trama mediador, y han acusado a la fiscalía general del estado de estar "prestando favores indecentes" al presunto líder de la trama, el ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo.
Por su parte, el PSOE intenta poner un cortafuegos a esta crisis negando la participación de más parlamentarios en la trama, y defendiendo su tolerancia cero contra la corrupción.
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La trama del mediador
Antonio Navarro es el que da nombre al caso 'el mediador'. Navarro ha dado hasta una quincena de nombres de diputados y senadores socialistas que estarían involucrados. Para zanjar la crisis, el PSOE habría filtrado a algunos medios que ni son tantos, solo cinco, ni corruptos: habrían compartido mesa y mantel con los detenidos pero ajenos a los negocios turbios que se investigan.
Además, los socialistas se blindan ante especulaciones. A cada señalamiento de los suyos responderán con denuncias por difamación. Una decena de diputados ya las han anunciado.
El diputado canario, Juan Bernardo Fuentes, alias tito Berni, sería el líder de la trama. El sumario lo sitúa en locales de alterne. Las drogas y prostitutas ayudaban a convencer a empresarios para que pagaran a cambio de favores de la administración pública.
Unas prácticas que Navarro ya denunció a la policía hace más de un año, según consta en el sumario. La trama convencía de su influencia a los empresarios con visitas al congreso o la dirección general de la Guardia civil para después por la noche pasar a copas en locales de alterne, drogas y prostitutas.
El miércoles el PP registró la petición de una Comisión de Investigación. El Gobierno por su parte apuesta a que sea la Justicia la que aclare lo sucedido.