En declaraciones a la puerta de su despacho, Roca ha anunciado que no van a formular recurso de queja porque no quieren que se interpretara como una maniobra dilatoria del proceso, y ha considerado una "situación insólita" la postura del juez, porque es el primer caso en que habrá alguien a quien se acusa de presunto delito fiscal en contra de la opinión del ministerio fiscal y de la Abogacía del Estado.
Jesús María Silva ha añadido: "El objetivo de nuestro recurso se ha conseguido: la constatación de que el juez se alinea con Manos Limpias" en vez de con el ministerio fiscal y de la Abogacía del Estado.
El juez, en el auto, defiende que no es "misión" de la Administración de Justicia "el calibrar la magnitud de una aflicción que nunca fue su objetivo causar". En su resolución, de 17 páginas, el magistrado asevera que si 'de facto' esa "aflicción" se produce en otros ámbitos "de esa inigualable manera, puede que sea por su proporcionalidad al nivel de ejemplaridad exigible a la persona afectada".
Del mismo modo, incide en que "no es cometido asignado a jueces y magistrados el imponer por la vía de hecho lo que [Roca] llama 'pena de banquillo', pero tampoco evitarla si con ello hacen dejación de sus funciones", después de que el letrado de la Infanta asociase el proceder de Castro a la imposición de una "perniciosa pena de banquillo", cuyos "inigualables efectos en el ámbito nacional" el juez "estaba al parecer llamado a prever y no lo hizo", añade Castro.