En rueda de prensa tras el Consell Executiu, el portavoz del Ejecutivo, Jordi Turull, ha asegurado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga al fiscal a "cesar" en sus actuaciones cuando ya hay una autoridad judicial que está instruyendo sobre lo mismo.
Así, el Govern alega que el fiscal general ya no puede realizar más actuaciones contra el referéndum porque el 1-O ya lo investigan dos autoridades judiciales: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.
Turull ha explicado que con este requerimiento quieren poner fin a actuaciones recientes del fiscal, como las querellas contra más de 700 alcaldes; las instrucciones que ha dado la fuerzas y cuerpos de seguridad; la prohibición de actos sobre el referéndum, el registro de imprentas y "las presiones a medios".
El portavoz considera que, por orden del Gobierno central, el fiscal busca aplicar un "estado de sitio" contra Cataluña, y también ha criticado que el fiscal conceda entrevistas y emita juicios de valor con el objetivo de infundir miedo a los catalanes, ha dicho.