La petición fue formulada por Cs y se ha votado en la comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara catalana: Cs y PP han votado a favor; el PSC y SíQueEsPot se han abstenido y los dos grupos independentistas han votado en contra.
La polémica se produjo por unas palabras que Llach dijo en un acto de Òmnium en marzo, cuando afirmó que el Govern actuaría contra los trabajadores públicos que no cumplan con la ley de 'desconexión' de la transitoriedad jurídica: "El que no la cumpla será sancionado".