En una entrevista publicada por la revista 'Vanity Fair' y recogida por Europa Press, Horrach ha negado ser el defensor de la hija del Rey, asegurando que "a la infanta Cristina la defienden los propios hechos", no él. En este contexto, ha señalado que "la mayoría" de los medios de comunicación "se han posicionado" en este caso y entienden que doña Cristina "ha de ser coparticipe de todos los delitos que se le imputan a su marido", Iñaki Urdangarin.
El fiscal ha insistido en que, para sentar a alguien en el banquillo, debe tener unas "garantías" que le permitan probar que esa persona ha cometido un hecho delictivo determinado. "Como no las tengo, no lo hago", ha zanjado.
La infanta era socia
La Infanta y su marido son copropietarios de Aizoon, una sociedad que está siendo investigada por presuntamente haber servido de 'tapadera' para, a través de facturas falsas, blanquear fondos procedentes del Instituto Nóos, entidad que recibía fondos públicos.
Según ha explicado el fiscal, "en una familia normal la esposa no conoce necesariamente los líos económicos de su cónyuge", y además "nunca se ha visto a un socio no administrador de una empresa estar imputado por un delito fiscal".
"Cuando hay un delito fiscal, vas a los que gestionan la empresa, a los demás no los tocas. Aquí, con la Infanta, solo disponemos de un dato: que era socia de la empresa", ha añadido.
Respecto al dinero de Aizoon con el que la Infanta pagó viajes y la reforma de su casa, entre otras cosas, Horrach ha indicado que si no se alcanzan los 120.000 euros anuales, no es delito. Para imputarla, ha agregado, debe haber "una prueba mínima de que ella conociera el origen delictivo de este dinero", y "sólo lo podríamos probar si le preguntáramos a ella y nos dijera que sí".
"Uno puede suponer muchas cosas", pero "para imputarla yo necesito algo a lo que agarrarme", ha subrayado. En cuanto a la "valoración ética" de la actuación de la Infanta, que "puede ser reprobable", Horrach ha dicho que él no la va a hacer.
Respecto a la firma de doña Cristina que figura en el acta de una reunión de Aizoon, el fiscal ha indicado que, normalmente, en las empresas pequeñas "las juntas generales nunca se celebran". "Son ficticias y se firman con un nivel de confianza absoluto porque se trata de gente amiga, querida y cercana", y "eso es lo que hay en el caso de la Infanta", ha afirmado.
No hay pruebas testificales ni documentales
Horrach también ha llamado la atención sobre el hecho de que, pese a que la instrucción del caso empezó hace tres años y ya se han practicado unas 600 declaraciones, solo una persona ha declarado haber visto a la Infanta en el Instituto Nóos, concretamente "porque fue a recoger a su marido para ir a buscar a los niños".
"Si durante todas las pruebas testificales nadie ha implicado a la Infanta ni hay pruebas documentales que acrediten no solo la participación, que ya está descartada, sino el conocimiento de actividades ilegales que se llevaban a cabo, yo puedo suponer mucho, pero tengo que poder probarlo" y "en este caso no puedo", ha insistido.
Por otro lado, el fiscal del caso Nóos ha negado haber recibido presiones, asegurando que "se trabaja siempre con las manos libres". Según ha precisado, solo ha recibido dos llamadas de la Fiscalía General, y fue para preguntarle si necesitaba "protección o ayuda", concretamente a raíz de la aparición de unos artículos donde se aseguraba que el CNI estaba investigándole y cuando hace dos años se dijo que podía haber una investigación privada encargada por "alguien".