Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, después de que este martes el Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores, y Tesoreros de la Administración Local de Cataluña (Csital) haya emitido un comunicado en el que subraya que serán "siempre fieles" a la Constitución ante el 1-O.
El Govern asegura que respeta las opiniones de todos los colectivos de funcionarios, sean del cuerpo de la Generalitat o de otras administraciones, pero insiste en que la votación del 1 de octubre no pone en peligro a ningún trabajador público porque la responsabilidad recae "en los políticos".
"Es una responsabilidad que asumimos los políticos y en ningún caso para perjudicar a los funcionarios. Quien amenaza, quien envía cartas, es el Gobierno del Estado", ha zanjado, recordando que fue el Ejecutivo central quien envió misivas a los secretarios y interventores advirtiéndoles de las consecuencias del 1-O.
El Govern insiste en que su plena voluntad es "preservar al máximo al conjunto de trabajadores públicos" en todo lo relativo al proceso soberanista, y concluye que el problema lo tiene el Gobierno central por su incapacidad de dar respuesta a las demandas catalanas.
La Junta General del Csital se reunió el lunes para abordar la situación política y aprobó por unanimidad un comunicado en el que se subraya que la actuación de los secretarios, interventores y tesoreros municipales se rige por la "defensa de los valores democráticos, de legalidad, de lealtad y de neutralidad e imparcialidad política.