En este panorama, el presidente catalán Torra en otoño volverá a desafíar al Gobierno al plantear a la sociedad la desobediencia a la sentencia del 1 de octubre, un ultimátum al Gobierno para negociar un referéndum y, finalmente, impulsar una ruptura con el Estado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha pedido "contención" y le ha recordado que es la política tiene que estar al servicio de la convivencia, y el Govern tiene que representar a la mayoría de catalanes". Este viernes, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá ha pedido aTorra "rebajar la tensión" y a tener "la inteligencia" de aprovechar la vía del diálogo, propuesta.
Torra, por su parte, sobre la polémica de los lazos amarillos, ha defendido la libertad de expresión, aunque hizo hincapie en que “más que nunca debemos ser todos muy conscientes de que el gran valor de la convivencia y la cohesión social en Cataluña es lo que hemos de preservar entre todos”.
Albert Rivera y Arrimadas retiran en persona los lazos en Calella, aunque solo por un rato hasta que los vuelven a colgar, en una historia interminable de crispación y tensiones sin final cierto.
Mientras los políticos cruzan palabras, recriminaciones y condenas la crispación crece entre los ciudadanos de a pie. Días antes un hombre le pegaba un puñetazos a una mujer que quitaba los lazos que había puesto el otro. En Balaguer unos independentistas insultaban al dueño de un restaurante que rechazaba poner el símbolo amarillo en la fachada de su local.
Pablo Casado ha recriminado al gobierno de Sánchez por permitir que "la crispación y la confrontación política llegue a la calle" asegurando que en el PP "estamos con los valientes que deciden libremente retirar esos emblemas que les ofenden en las calles, pero, al mismo tiempo, nuestra labor fundamental es exigir a las instituciones que lo hagan". La idea de los populares es poner en marcha una oficina de atención a las víctimas de agresiones y amenazas por retirar los lazos amarillos en la calle.