Los Jordis fueron detenidos el pasado 16 de octubre de 2017 después de que la jueza Lamela de la Audiencia Nacional dictara auto de prisión provisión contra ambos por un supuesto delito de sedición. Finalmente, el 21 de marzo de 2018 eran procesados por rebelión. En el auto, se les atribuye la participación en el referéndum del 1-O así como la convocación de la ciudadanía los días 20 y 21 de septiembre.

Los entonces líderes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmniun Cultural hicieron un llamamiento a los ciudadanos para que se concentraran frente al departamento de Economía de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017. Dentro del edificio, la Guardia Civil realizaba un registro judicial en busca de documentación sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Desde entonces, Amnistía Internacional ha pedido la liberación de ambos en varias ocasiones. “Los cargos que pesan contra los Jordis, según la información de la que dispone Amnistía Internacional, son injustificados y, por tanto, deben ser retirados”, ha afirmado la coordinadora de la ONG. Asimismo ha recordado que atribuirles los delitos de rebelión o sedición “es desproporcionado y una restricción excesiva de su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”.