Todo comienza en el año 2010 cuando el juez Castro abre el ‘Caso Nóos’ como pieza separada del caso ‘Palma Arena’, que había estallado en 2007, cuando se descubre un descuadre de más de 50 millones en las cuentas del nuevo polideportivo Palma Arena en Palma de Mallorca. En algunos de los registros de este caso, la Policía halla documentos de colaboración entre el Gobierno balear y el Instituto Nóos, presidido por Iñaki Urdangarin, marido de la Infanta Cristina. El juez Castro abre una nueva pieza por apropiación indebida de fondos públicos, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración. La investigación tiene su epicentro en Palma, pero cuenta con ramificaciones en Valencia, Barcelona y Madrid, donde hay decenas de imputados.
En 2011, el juez Castro levantó el secreto del sumario sobre esta pieza e imputó a Iñaki Urdangarin el 29 de diciembre de 2011 por presuntos delitos en la actividad de Nóos de evasión de impuestos, fraude fiscal, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos. En el auto, hecho público el 2 de enero de 2012, se refleja que el Duque de Palma y su socio Diego Torres percibieron 5,8 millones de euros del Instituto Nóos, una cantidad equivalente obtenida por la entidad a través de los Gobiernos valenciano y balear. Según el detalle de esos cobros, además de otros ingresos, el duque de Palma recibió 747.889,54 euros entre 2004 y 2005 de la inmobiliaria Aizoon, cuya propiedad comparte con su esposa, la Infanta Cristina.
En 2012, declara como imputado el exvicepresidente del Instituto Nóos y exsocio del Duque de Palma, Diego Torres, y también su mujer, Ana María Tejeiro, que se acogieron a su derecho a no declarar.
Durante este año y antes de la imputación del Duque, la Casa Real manifiesta su respeto a las decisiones judiciales y, pocos días antes de ser llamado a declarar, Urdangarin es apartado de las actividades oficiales de la Casa Real. El Duque de Palma acude a declarar ante el juez el 25 y el 26 de febrero de 2012. En esa declaración, Urdangarin se desvincula de la gestión del Instituto y exculpa a la infanta. Durante su segundo día de declaración reconoció que en 2006 el Rey le había pedido que abandonase el Instituto Nóos aunque en 2008 volvió a hacer negocios. Además el fiscal destapó la existencia de una cuenta bancaria en Suiza que Urdangarin aceptó haber utilizado.
En abril, el juez incorpora al sumario correos electrónicos aportados por Torres y el 29 de junio el abogado Raimon Bergós declara que el conde de Fontau, José Manuel Romero, asesor de la Casa Real, advirtió a Urdangarin de que no podía figurar en el gobierno de ninguna fundación.
El 28 de agosto los duques de Palma trasladan su residencia a Barcelona desde Washington.
Enero de 2013 comienza con mucha actividad en el juzgado de Palma. El día 10, Torres entrega nuevos correos; el 21 la fiscalía imputa a Urdangarin y a Torres por un presunta fraude fiscal; el 24, el abogado de Torres asegura que todas las decisiones se consultaban al secretario de las infantas, Carlos García Revenga. Dos días después, la Casa Real elimina de su página las referencias a Urdangarin. El 29 de enero, García Revenga es imputado. Y el 30 de enero el juez fija una fianza de 8,1 millones para Urdangarin y Torres.
Febrero también es un mes intenso para el 'Caso Nóos'. El día 16, Torres declara que la infanta y la Casa Real estaban al tanto de las actividades del Instituto. El antiguo socio del yerno del Rey aseguró también ante el juez que la Infanta participaba activamente en los negocios de Nóos como miembro de la junta directiva del instituto. Sin embargo, a la pregunta del fiscal Horrach: “¿La Infanta cobraba del Instituto Nóos?”, Diego Torres respondió “No, directamente del Instituto Nóos no ha cobrado”. El 23, en su segunda declaración judicial, Urdangarin declara ante el juez que la Casa Real no autorizó sus actividades.
En marzo, el conde de Fontao reconoce que pidió a Urdangarin que no hiciera negocios valiéndose de su condición de miembro de la Familia Real. El 3 de abril, la Infanta Cristina es imputada al considerar el juez que pudo consentir que su parentesco con el Rey fuera utilizado por Iñaki Urdangarin y su socio y se la acusa de apropiación indebida de fondos públicos. El Rey encarga a Miquel Roca la defensa de su hija.
Dos días más tarde, la Fiscalía Anticorrupción recurre la imputación de la Infanta y el juez suspende provisionalmente su declaración ante la Justicia. También la Abogacía del Estado se opone a la imputación de Cristina y se adhiere al recurso de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares. El 13 de mayo, la Audiencia de Palma deja sin efecto en un auto la citación como imputada en el ‘Caso Nóos’ de la Infanta Cristina y la Abogacía del Estado sostiene que no aprecia delito fiscal por parte de la hija del Rey.
En mayo, el juez Castro incorpora a la causa varias declaraciones de la renta de la infanta Cristina y pide a la Agencia Tributaria que amplíe la investigación sobre supuestas irregularidades fiscales. También en este mes, el juez propone al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que asuma la investigación en lo que afecta a Francisco Camps y a Rita Barberá, ambos aforados.
En junio, Castro levanta la suspensión de su instrucción sobre los hechos de Valencia investigados, excepto los referidos a Camps y Barberà. En este mes también se produce la confusión con el DNI de la Infanta en Hacienda. Cristina de Borbón niega la veracidad de un informe de la AEAT que le atribuye la venta de propiedades con un beneficio de 1,43 millones de euros. Hacienda reconoce que se ha producido un error con el DNI y el mismo ministro Montoro ha de dar explicaciones.
En agosto, la Infanta Cristina y sus hijos se trasladan a vivir a Ginebra, Suiza. Urdangarin seguirá viviendo en Barcelona y viajando entre las dos ciudades.
En septiembre, el TSJV se declara no competente para instruir la pieza separada que afectaba a Rita Barberá y a Francisco Camps y devuelve las investigaciones al Juzgado de Palma de Mallorca.
En noviembre, Castro descarta investigar el préstamo del Rey a la infanta y ordena el embargo de diferentes propiedades de Urdangarin y de Diego Torres, entre ellas la mitad de la vivienda familiar de los duques de Palma en Barcelona, el palacete de Pedralbes.
También a finales de año, la Fiscalía se opone a la imputación de la Infanta Cristina por entender que no hay contra ella más que "conjeturas o sospechas". En noviembre, la Agencia Tributaria constata que Aizoon defraudó 281.109 euros del impuesto de sociedades de 2007 a 2010.
El 7 de enero de 2014, el juez Castro decide imputar a la Infanta Cristina por blanqueo y delito fiscal.( )Los abogados de la Infanta le aconsejan que no recurra la imputación y acuda a declarar. Al no existir recurso, el juez Castro adelanta la declaración un mes, al 8 de febrero. Durante los días previos a la declaración, los abogados de la Infanta, liderados por Miquel Roca y Jesús María Silva, señalan que en cuanto declare y se explique, “toda España” verá su inocencia. Silva también declaró a los medios que "cuando una persona está enamorada de otra, confía, ha confiado y seguirá confiando contra viento y marea en esa persona: Amor, matrimonio y desconfianza son absolutamente incompatibles".