Los grupos parlamentarios del Congreso han acordado el reparto de los gastos de la hipoteca que figurará
en la futura ley hipotecaria, dejando al consumidor el pago de la tasación y adjudicando a la entidad financiera el resto.
Así, según han informado fuentes de la ponencia que discute el proyecto de ley de crédito inmobiliario, la entidad financiera deberá asumir los gastos correspondientes a la escritura de la hipoteca, la gestoría y el arancel notarial.
Será el banco el que tenga que pagar los costes de la primera copia del contrato, aunque en caso de que el cliente solicite una copia, deberá asumir su coste. En este reparto también se ha dispuesto que la entidad financiera asuma el impuesto de actos jurídicos documentados, en línea con el decreto ley aprobado por el Gobierno en el pasado Consejo de Ministros y en contra de la decisión adoptada por el Tribunal Supremo.
Esta distribución de los gastos de la hipoteca se incluye en el artículo dedicado a las normas de transparencia en la comercialización de las hipotecas, en cuyo borrador se amplía tres días (de siete a diez) el plazo mínimo que se le da el cliente para poder estudiar la documentación facilitada por la entidad financiera, antes de proceder a la firma del contrato.
El texto establece también que las entidades financieras ofrezcan en sus páginas web y en sus oficinas los formularios de condiciones sobre sus hipotecas, la garantía de que el procedimiento notarial no supone coste alguno, ni directo ni indirecto, para el cliente, y que este podrá elegir a qué profesional recurrir para este trámite.
Gastos y comisiones de apertura no se especifican
Sánchez dijo en la rueda de prensa cuando presentó el decreto que confiaba en que los bancos no trasladaran a los clientes las consecuencias económicas del mismo, pero eso parece más voluntad que realidad. De hecho, en el texto acorado no se especifican ni los gastos ni las comisiones de apertura. Sí que se ha conseguido que quede "explícito" el reparto de gastos que debe asumir cada parte en una hipoteca, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y frenar la litigiosidad al respecto. Consideran los creadores del texto que esta comisión "está aprobada por el Banco de España" y que sería la futura autoridad de protección al consumidor la que tendría que pronunciarse al respecto. En todo caso, ha asegurado que su formación presentará una propuesta sobre esta cuestión al abordar las comisiones de cancelación.
Durante la ponencia celebrada este martes, la primera después de la polémica decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas y el posterior decreto ley del Gobierno, los grupos también han discutido los artículos referidos al reembolso anticipado y el papel de los notarios.
La mayoría de los grupos ha apostado por mantener el papel otorgado en el proyecto de ley a los notarios, encargados de velar por la transparencia material de los contratos, y que no se haya cambiado la "presunción de veracidad" planteada.
Ambas cuestiones quedarán así prácticamente sin cambios, así como las ventas vinculadas, pese a que en este último artículo queda aún pendiente por cerrar para la siguiente reunión, prevista para la próxima semana. En este encuentro también se espera resolver el vencimiento anticipado, última gran cuestión a resolver, junto con la posibilidad de impulsar un código sancionador que endurezca los castigos y así disuadir posibles malas prácticas, como propone Unidos Podemos.