El Gobierno ha aprobado este viernes el decreto de medidas urgentes en materia de alquiler, que limita las subidas anuales de los precios al incremento del IPC para todos los contratos nuevos durante la duración del contrato firmado, y que finalmente no contempla la bonificación del 80% del IBI para el alquiler de vivienda habitual cuya renta fuese inferior a la determinada por el índice de referencia del precio del alquiler de vivienda, según han concretado fuentes del Ministerio de Fomento.
En concreto, con este real decreto, que amplía a cinco años la prórroga de la duración del contrato frente a los tres actuales.
Se vuelve a la situación de 1994 respecto a la toma en consideración del incremento del IPC para situar el aumento de la renta de las viviendas en alquiler, aunque en este caso el IPC no será obligatorio como entonces y solo operará "como máximo".
Esta medida solo será para los nuevos contratos que se suscriban desde la entrada en vigor del real decreto y no tendrá efecto retroactivo, puesto que sería difícil determinar qué consecuencias podría tener si afectase a los contratos vigentes. Asimismo, esta medida, según Fomento, da más garantías sociales, a los inquilinos y no desincentiva la oferta.
Por otro lado, el decreto incluye la elaboración en un plazo de 8 meses de un sistema estatal de índices de referencia a las viviendas, que se actualizará anualmente y que se utilizará para hacer un seguimiento del mercado y servir de soporte "a medidas de carácter fiscal".
No obstante, aunque el borrador del real decreto sí recogía una bonificación del 80% del IBI para inmuebles en alquiler de vivienda habitual cuya renta fuese inferior a la determinada por este índice de precios, finalmente el decreto definitivo plantea algo más genérico y da a los ayuntamientos y a las comunidades la posibilidad de que decidan su política de vivienda "de acuerdo con su marco fiscal".
En los procedimientos en curso de desahucios exista la obligación de la comunicación de las circunstancias a los servicios sociales de las administraciones públicas que tienen oferta de vivienda, sobre todo los ayuntamientos, para que "ninguna persona se vea en situación extrema de precariedad cuando se pueda ver afectada por un desahucio".