El Tribunal Supremo (TS) ha acordado plantear al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo que obliga a los operadores de televisión a invertir al menos el cinco por ciento de sus ingresos en la financiación anticipada de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para televisiones españolas y europeas tras un recurso presentado por la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA).
Según expone el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, esta imposición por ley constituye "una restricción de la libertad que les garantiza el artículo 38 de la Constitución (libertad de empresa)".
En este sentido, defiende que la libertad de inversión se integra en las facultades propias del empresario dentro de una economía de mercado y, en principio, "debe ser ajena a imposiciones forzosas por parte de los poderes públicos, incluido el legislativo".
Según apunta, éstos "pueden, legítimamente, detraer de los beneficios empresariales las cantidades que consideren oportunas, en el marco de un sistema tributario que responda a las exigencias del artículo 31 de la Constitución". De este modo, el TS señala que los poderes públicos podrán disponer de los fondos recaudados.
"La Directiva -explica el texto del TS- no ofrece base para obligar a los operadores de televisión a destinar un parte de sus ingresos de explotación a la financiación anticipada de películas cinematográficas y para las televisiones europeas, incluidas las españolas".
Con todo, el auto afirma que el legislador "ha optado por una medida que sacrifica la libertad empresarial de los operadores televisivos a fin de aumentar y facilitar la financiación de determinadas creaciones cinematográficas".
Ángeles González-Sinde: "confiamos en la plena constitucionalidad de la medida"
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha asegurado que las televisiones "tienen una obligación de servicio público y de difusión del patrimonio cultural de nuestro país, y de ahí que haya una medida como el 5 por ciento" de inversión en cine.
En declaraciones en los pasillos del Congreso, la titular de Cultura ha dicho que hay que esperar al pronunciamiento del Constitucional sobre la legalidad de la inversión obligatoria de los operadores de televisión en cine europeo y español, pero "confiamos en la plena constitucionalidad de la medida".
"El cine es una forma de expresión artística, y una industria que genera empleo y que es prioritaria en cualquier país, porque genera imagen exterior, identidad y tiene un gran retorno para la sociedad. El Ministerio de Cultura seguirá apoyando las medidas de fomento de la cinematografía", ha subrayado.