Detenidas 29 personas de una red internacional dedicada al comercio ilegal de especies de aves

La Guardia Civil ha detenido a 29 personas en distintos puntos de España y en otros países pertenecientes a una organización internacional dedicada al comercio ilegal de especies de aves y se ha incautado de más de 2.000 animales. A los arrestados se les imputan los supuestos delitos de contrabando, contra la fauna y maltrato animal, todo ello bajo estructura de red criminal.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, la operación Suzaku se ha desarrollado en coordinación con EUROPOL y con la participación de diversos países de África e Iberoamérica, especialmente México.

El cabecilla de la trama era un ciudadano español con residencia en Álava que contaba con antecedentes diversos, entre los que se encontraba una condena por hechos similares. Actualmente dirigía la organización en la que varias personas viajaban a diversos países con el fin de retornar con aves muy solicitadas en mercados nacionales y europeos. Estas aves eran extraídas del medio natural y se exportaban de manera ilegal.

La organización contaba con una red de operadores que, mediante el empleo de 'mulas', transportaban aves de multitud de especies a España desde diferentes puntos de África e Iberoamérica, habiendo colaborado con autoridades policiales y otras instancias de 18 países diferentes.

MUCHOS ANIMALES FALLECÍAN EN EL RECORRIDO

Utilizaban diversas formas de ocultación, introducían en España aves con diferentes grados de protección, tanto incluidas en los Apéndices del Convenio CITES como amparadas por las legislaciones nacionales de los países de origen. En su empeño por ocultar a los animales, muchos de ellos fallecían en el recorrido, a veces superando unas tasas de mortalidad del 50 por ciento.

Los miembros de la red en ocasiones actuaban de manera independiente y, en otras, contaban en los países de origen de los animales con mafias asociadas que se encargaban de proporcionar el 'suministro' a quienes viajaban, concertando encuentros en el área de tránsito internacional de un aeropuerto.

En ese punto, la 'mula' española recibía una maleta con los animales que la organización local había logrado introducir eludiendo los controles policiales y aduaneros y cogía su vuelo con destino a España donde se volvían a eludir los controles fronterizos a su llegada. Para no ser descubiertos utilizaban varios puntos de entrada de aeropuertos en España.

MÁS DE MEDIO MILLÓN DE EUROS DE BENEFICIOS

Según la Guardia Civil, esta organización pudo haber obtenido en los últimos años beneficios por un importe superior al medio millón de euros ya que, por un ejemplar, pedían cuatro o cinco veces el valor pudiendo en algunos casos superar 60 veces esa cantidad. En ese caso estarían, por ejemplo, los tucanes: en origen es posible adquirirlos a expoliadores locales por 50 euros el ejemplar, cuando su valor más bajo de venta en Europa ronda los 3.000 euros.

COLABORACIÓN ENTRE ORGANISMOS

La operación ha sido desarrollada por la UCOMA del SEPRONA de la Guardia Civil, con el apoyo de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Zona del País Vasco, las Secciones del SEPRONA de las Comandancias de Madrid, Burgos y La Rioja, así como organismos de muy distinta naturaleza

Asimismo, ha sido fundamental el apoyo prestado por EUROPOL y AMERIPOL que coordinó las acciones con los diferentes países de Iberoamérica, especialmente con los Estados Unidos de México, llegando a desplazarse un investigador de la Procuraduría General de la República para integrarse en el operativo final.

También ha sido relevante la aportación de la Autoridad Administrativa CITES de España (Dirección General de Política Comercial y Competitividad), para la identificación de las especies, la orientación con respecto a los aspectos técnicos del control de los especímenes y su posterior alojamiento en centros apropiados. En este sentido también se contó con apoyos puntuales de personal técnico del Centro de Recuperación de la Diputación Foral de Álava.

Las investigaciones han sido dirigidas por la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Madrid, ha participado activamente la Autoridad Administrativa CITES de España y la instrucción judicial correspondió un juzgado Madrid.