El Defensor del Pueblo investiga las ayudas autonómicas para suprimir las barreras a personas con discapacidad

Con motivo del Día Internacional de las personas con Discapacidad, la institución ha informado de la culminación de una actuación iniciada con nueve ciudades para conocer sus planes municipales de accesibilidad.

"Todos los ayuntamientos consultados han iniciado obras para la eliminación de barreras arquitectónicas y cuentan con canales de comunicación con los vecinos para detectar barreras pero sólo tres de ellos tienen planes municipales de accesibilidad", señala el Defensor del Pueblo en un comunicado.

Por ello, Fernández Marugán ha sugerido a los municipios restantes la elaboración de planes de adaptación y supresión de barreras para promover la accesibilidad de los espacios públicos urbanizados.

"La Institución también tiene muy presentes las barreras a las que se enfrentan los menores con discapacidad en el entorno urbano", apunta la institución, que celebra que la Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia del Senado haya recogido las recomendaciones efectuadas en su Estudio sobre Seguridad y Accesibilidad de las Áreas de Juego Infantil.

QUEJAS SOBRE TRANSPORTE

En el ámbito del transporte ferroviario y metropolitano, la Institución está tramitando quejas sobre las barreras que se encuentran las personas que utilizan estos medios transporte.

El Defensor ha recomendado la supresión del 'copago farmaceútico' para las personas con discapacidad con grado reconocido, que por su situación precisa de un mayor nivel de medicamentos y productos sanitarios que la población en general.

El Defensor del Pueblo recomendó, en junio de 2016, la modificación la Ley Electoral para reforzar el derecho al voto de las personas con discapacidad de modo que sólo pueda privarse judicialmente del derecho al voto en supuestos de plena inconsciencia o absoluta falta de capacidad de conocimiento de la persona.

En materia educativa, la Institución también ha recomendado a las administraciones que adopten medidas normativas y presupuestarias para asegurar el derecho a la educación inclusiva, de acuerdo con los principios de la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.