Defensor del Pueblo Andaluz analizará la aplicación de los protocolos e intervención con víctimas de violencia de género

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio dirigida a las consejerías de Justicia e Interior, de Igualdad y Políticas Sociales y de Salud para analizar los protocolos y procedimientos de intervención con las mujeres víctimas de violencia de género.

En la queja, consultada por Europa Press, la Defensoría apunta que la lucha para erradicar la violencia de género "no sólo ha de abordarse desde la necesaria perspectiva de su represión penal, sino que es esencial que todas las administraciones implicadas arbitren las medidas que posibiliten la prevención, atención y recuperación de la víctimas, mediante una actuación global e integral".

Así, asegura que conscientes de las "devastadoras" consecuencias de los delitos de violencia de género, las distintas administraciones públicas han adoptado planes de colaboración específicos "que, con fundamento en las leyes de aplicación, han cristalizado en protocolos de actuación cuya principal finalidad, sobre el papel, es garantizar los derechos de las víctimas, estableciendo procedimientos de coordinación entre los distintos ámbitos de actuación".

En este sentido, destaca que "a pesar de las dificultades que entraña" que sean diferentes administraciones públicas las competentes en los diversos aspectos que engloba la atención integral a las víctimas de violencia de género, "entendemos que una respuesta eficaz ha de implicar que el abordaje haya de enfocarse, a efectos externos, como un sistema frente a la violencia de género", y, continúa, "desde esta perspectiva, las diversas administraciones autonómicas deben asumir un papel fundamental en cuanto a la unificación, coordinación, cooperación y organización de dicho sistema".

De este modo, la institución señala que al margen de actuaciones precedentes como las que recoge el Estatuto de Autonomía para Andalucía o la Ley autonómica 13/2007, en la actualidad este compromiso se asume mediante el Procedimiento de Coordinación y Cooperación Institucional para la Mejora en la Actuación ante la Violencia de Género en Andalucía, de 3 de junio de 2013, cuya aplicación práctica desembocó en el correspondiente Protocolo Marco de Coordinación Institucional de 14 de julio de 2016.

Dicho protocolo tiene el objetivo de delimitar el campo concreto de actuación competencial de cada recurso o servicio especializado en violencia de género y sus protocolos internos de actuación, en conjunción con su coordinación con los restantes, de tal manera que se posibiliten circuitos de atención y asistencia y derivación entre los mismos que eviten la victimización adicional de las mujeres.

Señala que, en definitiva, la coordinación institucional "precisa de una armonización superior, de una visión de conjunto prefijada, que permita la intervención automática y sistemática de los distintos recursos y servicios del engranaje para una atención integral protocolizada, en los ámbitos judicial, policial, de atención sanitaria y social, de educación y de inserción laboral, cada uno de ellos con sus respectivos itinerarios personalizados, circuitos, procedimientos de actuación y protocolos, pero al mismo tiempo convenientemente acompasados".

De este modo, el Defensor del Pueblo aplaude toda iniciativa que, ciñéndose a las exigencias legales o incluso mejorando sus mínimos, emane de los poderes públicos y pretenda implantar políticas públicas a favor de las víctimas de violencia de género, preventivas, asistenciales o de otro orden y asegura que son también "dignas de apoyo" las reformas y adaptaciones de los instrumentos adoptados "cuando, con un fundamento empírico, buscan perfeccionar y pulir las disfunciones detectadas".

Y añade, que la causa de "insatisfacción y confusión" plasmada en diversas quejas dirigidas a esta Defensoría por parte de mujeres víctimas de violencia de género que han tenido que transitar por los diversos recurso del sistema, así como por parte de asociaciones de afectados y profesionales que asisten y asesoran en derecho a las víctimas parece que no se debe a un defecto de regulación o de previsión de las políticas públicas, sino "más bien en razones relacionadas con la aplicación práctica de los protocolos y de inadecuada gestión de la coordinación", siendo esta concreción "uno de los objetivos perseguidos con esta investigación".

Del mismo modo, señala que "con independencia de la buena voluntad de los poderes públicos", las medidas adoptadas por las diferentes administraciones públicas "constituyen prestaciones exigibles por sus destinatarios, en el sentido de que, estando protocolizados sus instrumentos y formas de actuación, han de aplicarse de forma homogénea y uniforme", lo que, a su juicio, "exige, además de la coordinación, la adecuada publicidad e información".

Así las cosas, el Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado de oficio actuaciones dirigidas a conocer, analizar y valorar "el grado de cumplimiento y eficacia" de las previsiones que recoge el Acuerdo de 3 de junio de 2013, así como en el Protocolo Marco de Coordinación Institucional de 14 de julio de 2016 y restantes elementos de aplicación. Todo ello, añade, "poniendo en relación sus previsiones con las disfunciones denunciadas".

"AÚN HAY UN POSO DE MACHISMO FEROZ EN LA SOCIEDAD"

Sobre este asunto se ha pronunciado esta jueves Jesús Maeztu en una entrevista concedida a Canal Sur Televisión, y recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que "le preocupa mucho" la violencia de género y ha afirmado que "aún hay una poso de machismo feroz en la cultura y la sociedad española".

También ha señalado que ve en los más jóvenes "la reproducción incipiente de la cultura machista que posee a la mujer" y no la considera "en términos de respeto, de igualdad y de autonomía", ha instado "a proteger más" a las víctimas de violencia de género y asegura que los niños "son las víctimas verdaderas de este drama".