CEAR recuerda que los inmigrantes detenidos en los CIE "no son los malos" y "solo han cometido una falta administativa"

"Son personas con antecedentes policiales, pero es que las personas con antecedentes policiales no necesariamente acaban con procedimientos penales y condenados. No es igual que tener antecedentes penales pero se utiliza para calar el mensaje de que solo se interna a los malos", ha explicado en declaraciones a Europa Press.

La representante de CEAR ha hecho hincapié en que este tipo de centros "no deberían existir" porque, según ha explicado, aunque la Ley prevé su creación como "medida preventiva" es una sola de las alternativas que propone para asegurarse la expulsión de aquellos cuya solicitud de residencia o asilo sea rechazada.

"La ley tiene previstas otras medidas alternativas que no conllevan necesariamente la detención de las personas, personas que no han cometido más que una infracción administrativa", ha manifestado.

Al hilo del motín que tuvo lugar este miércoles en el CIE de Aluche, en Madrid, Favieres ha puesto de relieve la "disparidad" de condiciones en las que son detenidas parte de las personas que llegan a España de forma irregular, según el centro al que van a parar.

Así, si bien el reglamento de estos centros, a petición del Consejo de Estado, incluye la obligatoriedad de servicio médico permanente, esto "no se cumple en todos los casos". Además, denuncia las dificultades de las personas internas en algunos de estos centros para acceder al procedimiento de petición de protección internacional que les daría la oportunidad, en caso de ser admitido, a permanecer en España.

"Lo que venimos demandando es que se dé cumplimiento a un auto del juzgado central de Madrid para que a la entrada en el CIE se informe sobre el estado de tramitación y se informe sobre la posibilidad de pedir protección internacional. Ha habido algún avance. Está bien que se informe sobre el procedimiento pero luego se tiene que permitir que esas personas tengan acceso al procedimiento. Eso no se garantiza en todos los CIE de España. Es así", ha asegurado.

De hecho, critica la "total disparidad" de criterios que se emplean en los distintos centros de internamiento y las "condiciones terribles" en que son obligados a convivir los ocupantes de algunos de los centros que hay repartidos por la geografía nacional, aunque precisa que "no se puede generalizar".

REFUGIADOS Y SOLICITANTES DE ASILO POR MOTIVOS DE GÉNERO

Favieres ha participado este jueves en una mesa redonda organizada por CEAR sobre las 'Personas refugiadas y solicitantes de asilo por motivos de género' en el que también han participado la activista Amal Hussein, de origen somalí, las periodistas Cristina Sánchez y Andrea Momoitio, y la responsable del servicio de Psicología del Área Social de CEAR, Mariángeles Plaza.

Durante el acto, Favieres ha señalado cómo, además de las dificultades para acceder a los procedimientos de petición de asilo desde los centros de detención, en España, las personas que tratan de llegar a España de forma regular también experimentan dificultades para pedir asilo en las fronteras del país.

Según ha explicado, existe un "gap" en la infraestructura y el sistema para solicitar protección internacional en la frontera española que convierte el procedimiento en un "cuerpo a cuerpo" de abogados y solicitantes, sin poder acceder más que al testimonio de estos para iniciar la petición, debido a que no tienen capacidad de intervención. "Debería ser mucho más sencillo", ha indicado.

Sobre las personas solicitantes de asilo por motivos de género, la responsable del servicio de psicología de CEAR ha explicado que en la mayoría de los casos se trata de mujeres (salvando algunos casos de transexuales u homosexuales varones) que a lo largo de su vida "han sufrido amenazas y que han sufrido violencia en la infancia, en la familia, han sido violadas". "No hay un solo motivo de persecución por género", ha destacado.

Además, ha señalado que una vez llegan a España y solicitan protección internacional, enfrentan problemas particulares derivados de haber tenido que abandonar "todo lo que tenían planificado" para su vida y "construir un proyecto vital nuevo" en una sociedad desconocida, con un ritmo y una cultura distintas. A ello se le suma, según ha explicado, la dificultad añadida de "tener que demostrar su credibilidad" y "revivir el terror, el miedo y la culpa" por lo que han vivido bajo el riesgo de no ser aceptados o creídos.

Por ello, ha pedido a la sociedad "mayor implicación" tanto para reivindicar un mayor control por parte de las administraciones de la situación en la que son acogidas estas personas, así como para "implicarse" en la acogida, garantizando que son "reconocidas y escuchadas" y que encuentran "empatía" suficiente en la sociedad de acogida para recuperar la seguridad y la confianza. "Su confianza en sí mismos y en los demás se ha roto por el daño que los seres humanos le han hecho", ha explicado.

ENFRENTAR LA ABLACIÓN

Por su parte, Hussein ha llamado la atención sobre una de las amenazas que enfrentan las mujeres en algunos países, especialmente en el continente africano, consistente en la ablación o mutilación genital femenina a la que, según ha indicado, son sometidas más de 6.000 niñas al día como fruto de tradiciones ancestrales o interpretaciones religiosas.

La joven activista ha puesto de relieve cómo, además del "trauma" con el que deberán vivir el resto de su vida las personas que son mutiladas de esta forma, corren también el riesgo de muerte por desanfre y se ven obligadas a convivir con el riesgo permanente de infección, entre otros problemas asociados.

Según ha explicado, los principales obstáculos para la erradicación de este abuso son, además de las tradiciones "no replanteadas" y de determinadas interpretaciones del islam, el rechazo social que enfrentan las niñas y mujeres que se niegan a someterse a la ablación y que son consideradas en adelante como "impuras".

"Muchas personas creen que una niña que no ha sido mutilada no es un niña pura y no vale invertir en ella o educarla. Ninguna madre estaría dispuesta por lógica a que su hija fuera tachada de puta por no haber tomado la decisión de practicarle la mutilación", explica.

Por eso, con el fin de "salvar" a una generación de niñas que puedan interrumpir la transmisión de esta práctica a las siguientes generaciones, ha hecho hincapié en la necesidad de ampliar los recursos de concienciación en las comunidades en que se practica y ofrecer protección nacional e internacional a las mujeres y niñas que se oponen a la mutilación, con el fin de evitar que se encuentren en la tesitura de estar "maniatadas por su propio entorno".