La UE aprueba dos medicamentos para Alzheimer, pero solo al alcance de unos pocos: no se financian por la sanidad pública
La Unión Europea ha aprobado dos nuevos fármacos para frenar en Alzheimer, pero no los financia la sanidad pública.
Neurólogos y familiares reclaman que esto acabe en una cobertura pública de los fármacos
La Unión Europea ha aprobado dos nuevos fármacos, Donanemab y Lecanemab, para frenar en Alzheimer. Son los primeros tratamientos que han demostrado eficacia. Ralentizan la evolución de la enfermedad. El problema es que solo se administran en la sanidad privada. El alzheimer afecta a casi 35 millones de personas en el mundo, 800.000 en España.
Son dos anticuerpos contra la amiloide, la proteína que se acumula en el cerebro en los pacientes con Alzheimer. Ralentizan la progresión de la enfermedad en un 30% en 18 meses. La persona gana 6 meses.
"En España supimos en julio que de momento no van a tener financiación pública. Esto significa que solo se va a poder acceder por la vía privada. En un sistema como el nuestro y en una enfermedad grave y mortal como Alzheimer supone entrar en un territorio desconocido", destaca Albert Lleó, director del servicio de Neurología del Hospital Sant Pau,
Estamos hablando de medicaciones que requieren administración hospitalaria y complejidad. Habitualmente la sanidad pública ha ofrecido estos fármacos de administración compleja. En este caso se informa al paciente que la única manera de acceder si se lo puede permitir es acudir a un centro privado, lo que no se cuenta tanto es que el fármaco junto con la terapia para administrarlo supone un coste de 30.000 euros al año.
Hasta ahora los únicos tratamientos financiados eran sintomáticos. Esos dos tratamientos son los primeros en la historia que modifican el curso natural de la enfermedad. Es el principio de una nueva era terapéutica. Más beneficios a largo plazo si se trata la enfermedad en la fase inicial.
La realidad es que ante estos avances comprobamos una vez más la realidad de la inequidad entre pacientes, ya que solo las familias que puedan costearlo van a tener acceso al tratamiento. Tiene impacto además para el sistema sanitario, que necesita una serie de recursos que el sistema no va a implementar hasta que los fármacos estén financiados. Los hospitales públicos van a tener que hacer frente a los efectos secundarios de una terapia que no pueden administrar. España, respecto a otros países, queda retrasado respecto a los avances de la ciencia.
Se calcula que, aplicado en fases iniciales, estos medicamentos puede retrasar la progresión de la enfermedad alrededor de un 30%, es decir, que en tres años la enfermedad progresaría lo que sin fármacos progresaría en dos. Desde la administración pueden pensar que ese ralentización es demasiado pequeña como para que merezca la pena financiarlo. Y es lo que ha pasado. Pero para el porcentaje de pacientes que pueden ser candidatos a los fármacos no deja de ser una oportunidad perdida, y en casos como el alzheimer cualquier leve mejora y esperanza es todo un hito y un impulso en el día a día. Por eso son muchos los que piensa que es una discriminación.
Neurólogos y familiares reclaman que esto acabe en una cobertura pública de los fármacos. Es importante para pacientes y familias, pero también para el sistema público y el estado de la investigación y la ciencia en España.