Las quejas de los españoles al defensor del pueblo: de las listas de espera a la tasa de basura
El Defensor del Pueblo recibió un mayor número de quejas en 2025 -38.144, frente a 34.402 en 2024- y tramitó más expedientes -cuatro mil más-.
El defensor del Pueblo ha registrado este martes en las Cortes Generales el Informe anual de la actividad de la institución en 2025.
El Defensor del Pueblo recibió un mayor número de quejas en 2025 -38.144, frente a 34.402 en 2024- y tramitó más expedientes -cuatro mil más-. "Las quejas que recibimos reflejan la difícil situación de quienes no encuentran respuesta ni vías para la defensa de sus derechos", ha subrayado Ángel Gabilondo.
El defensor del Pueblo ha registrado este martes en las Cortes Generales el Informe anual de la actividad de la institución en 2025, y se lo ha entregado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el próximo 9 de abril, lo hará al presidente del Senado, Pedro Rollán.
La institución tramitó en 2025 un total de 38.762 expedientes que dieron lugar a 2.059 resoluciones a las diferentes administraciones. De ellos, 38.144 fueron quejas, 253 actuaciones de oficio y 365 solicitudes de interposición de recurso al Tribunal Constitucional sobre 16 normas. "Hay un incremento de quejas, puede atribuirse a un desasosiego o a una mayor confianza en las instituciones", ha señalado el defensor, quien ha vaticinado que en 2026 van a seguir aumentando: "Los datos nos muestran que se están incrementado este año".
Gabilondo ha explicado que el informe "no es aséptico" porque refleja "la realidad de la coyuntura actual" con personas que "no hallan vías, ni siquiera difíciles, para la defensa de sus derechos fundamentales, de sus derechos humanos". Además, desde la institución se atendió personalmente a 44.278 ciudadanos (42.785 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.493 de una forma presencial).
Los asuntos que protagonizaron más quejas ciudadanas ante el Defensor del Pueblo en 2025 estuvieron relacionados, principalmente, con la Administración de la Justicia, la Seguridad Social y Empleo, Migraciones y Política Social, Interior, Educación y Sanidad.
El mayor número de quejas se registraron en las comunidades autónomas más pobladas, entre ellas, las comunidades de Madrid (8.766), Andalucía (4.374), Cataluña (3.702) y Valencia (3.458). Ante esa situación, el defensor ha defendido que corresponde a la institución "sin arrogancia, pero con conciencia" explicar lo que ha percibido al respecto y plantear "lo que quizá quepa y deba hacerse para paliar situaciones injustas o inapropiadas". Como consecuencia de los expedientes tramitados se formularon 2.059 resoluciones dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. De ellas, 721 fueron recomendaciones, 788 fueron sugerencias y 550 recordatorios de deberes legales.
También el defensor interpuso 3 recursos de inconstitucionalidad, de la ley de desperdicio alimentario, sobre las medidas fiscales de gestión administrativa y financiera de la Generalitat Valenciana y sobre Consejos Sociales del sistema universitario de Canarias.
El informe incorpora algunos asuntos sobre los que ha trabajado la institución el pasado año que tienen que ver, entre otros, con la protección de los menores; el apoyo a las personas mayores, los problemas de los solicitantes de protección internacional tras la reforma del Reglamento de Extranjería y el trato desigual que sigue sufriendo la comunidad gitana. Además, aborda las dificultades de acceso al empleo público; la trata de seres humanos con fines de explotación laboral; cuestiones relacionadas con la valoración del grado de discapacidad, el medio ambiente o las devoluciones en el IRFP a mutualistas.
El Informe recoge también la actividad realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP), que en 2025 realizó 67 visitas a lugares de privación de libertad.
Aumento de las listas de espera quirúrgicas
El aumento de las listas de espera quirúrgicas provoca "el mayor grado de insatisfacción en los pacientes" y sigue siendo "uno de los problemas de más impacto para el conjunto del sistema sanitario". Las quejas recibidas en el Defensor del Pueblo reflejan "la gran inquietud que genera en los ciudadanos la demora por ser atendidos", no solo en las listas de espera quirúrgica, también para una consulta en la atención sanitaria especializada o para una prueba diagnóstica.
El informe detecta un aumento de las quejas en pacientes que ven acentuada su incertidumbre al estar próximo el agotamiento del plazo máximo legal de incapacidad temporal, o en la fase de valoración de una incapacidad permanente, con la obligación de reincorporarse al puesto de trabajo. Según el defensor, destacan la amplitud de listas de espera en traumatología, unidades de dolor o rehabilitación en muchos servicios públicos de salud.
La demora en la atención especializada para consulta o pruebas es atribuible, frecuentemente, a la conjunción de incidencias y permisos que afectan a las plantillas de diferentes servicios, según la memoria.
Otro asunto que destaca el informe del Defensor son las quejas por denegación de la asistencia sanitaria, donde no se ha tenido en cuenta el derecho al asilo de los solicitantes. El Defensor pone de manifiesto que esta actitud se debe a una falta de entendimiento o información sobre los trámites a realizar por parte del personal del centro de salud.
La tasa de basuras
El Defensor del Pueblo propone que los ayuntamientos calculen la tasa a pagar por la prestación del servicio de gestión de residuos, la conocida como tasa de basuras, en función de parámetros que indiquen una actividad como el número de residentes empadronados en la vivienda o el consumo de agua. En su informe anual de 2025, hecho público este martes, el Defensor del Pueblo refiere las numerosas quejas recibidas sobre esta cuestión, fundamentalmente referidas a la disconformidad con el importe de la tasa y a otros aspectos de su regulación.
Explica que es esencial el modo en el que los ayuntamientos configuraron la tasa y el hecho imponible gravado, que abarca normalmente la recogida, gestión y el tratamiento de residuos, e indica que para calcular la base imponible pueden utilizarse diferentes parámetros, entre ellos la superficie del inmueble, su valor catastral, el número de personas empadronadas en él o el consumo de agua asociado.
Su parecer es que, teniendo en cuenta que se trata de la aplicación de una tasa prestacional, que ha de responder al principio de que "debe pagarlo quien contamina", los parámetros que se refieren estrictamente al inmueble "no son los más oportunos" para gravar operaciones relativas a los residuos urbanos. En cambio, parece adecuado utilizar, "al menos de forma prioritaria", apunta, aquellos parámetros que indiquen una actividad, como el número de habitantes empadronados en una vivienda o el consumo de agua.
El informe del Defensor del Pueblo llega al día siguiente de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hiciera público que ha estimado los recursos interpuestos por varias instituciones y organizaciones contra la Ordenanza Fiscal correspondiente del Ayuntamiento de Madrid y haya declarado la nulidad de pleno derecho de la tasa.
En el caso de Madrid, la resolución de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior analiza el procedimiento de aprobación de la ordenanza y concluye que se produjo una infracción sustancial de las normas que lo rigen, al haberse omitido durante el trámite de información pública una parte esencial del informe técnico-económico que servía de base para la determinación de la tasa.
La FP privada gana terreno a la pública
El Defensor del Pueblo ha avisado a las administraciones educativas de que faltan plazas públicas y profesorado especializado en Formación Profesional (FP) y señala que "la fuerte competencia del sector privado "amenaza" la calidad del sistema educativo español.
El Informe anual 2025 que este martes ha presentado el Defensor del Pueblo recalca que "elevado" número de alumnos que se queda fuera de la FP corre el riesgo de abandonar el sistema educativo y también advierte de que la lucha contra la segregación escolar continúa siendo "una tarea pendiente".
El Defensor del Pueblo pide mantener el esfuerzo presupuestario para la financiación de programas de apoyo a colectivos con vulnerabilidad socieconómica. Tras examinar las quejas recibidas señala que "es preciso mejorar las herramientas de evaluación, las unidades de orientación, el profesorado de apoyo, los programas de refuerzo extraescolar y la codocencia inclusiva en el aula". Asimismo, aunque valora el esfuerzo para abordar el acoso escolar señala que los protocolos oficiales de actuación en los centros "no gozan de la plena confianza de las familias".
"Las quejas recibidas en 2025 indican que los procesos de admisión finalizan con un elevado número de alumnos sin poder formarse en la enseñanza profesional pública...lo que aumenta el riesgo de abandono del sistema educativo al no cursar los estudios elegidos y no poder realizarlos en el sector privado por su coste", recalca el Defensor del Pueblo.
En su informe aboga por la gratuidad del sistema de FP, "aún no asumida en todas las comunidades autónomas", y por aumentar las plazas en aquellas familias profesionales con mayor demanda laboral. Recuerda que el crecimiento de alumnos matriculados en FP pública (30 % en su conjunto) ha aumentado, el aumento en los centros privados ha sido del 467,5 % en la última década.
También es "notable" el aumento de las quejas por falta de docentes especializados en ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas e informática de FP. "Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de tomar medidas urgentes que permitan incorporar un profesorado cualificado", recomienda, tras advertir de que "la fuerte competencia del sector privado que ofrece mejores condiciones laborales" amenaza la calidad del sistema educativo español.
También hace un llamamiento para que pueda hacer prácticas de FP el alumnado extranjero que no tiene regularizada su estancia y que no puede llevarlas a cabo ante la imposibilidad de procederse al alta en el Sistema de la Seguridad Social. Recuerda, en este sentido, que es un derecho constitucional.
En cuanto a la FP dual (que obliga a hacer prácticas desde el primer año) incide en "resulta en ocasiones difícil de asumir" por parte de los centros y de las empresas y añade que "no resulta descartable que en algunos centros privados los alumnos abonen una cantidad por la realización de la formación en la empresa", una práctica prohibida.
El Defensor del Pueblo insiste en que son insuficientes los cambios realizados para agilizar los procedimientos de homologación de títulos universitarios de extranjeros y de convalidación de estudios, ya que siguen tramitándose en un plazo superior a los seis meses, que marca la norma, y en muchos caso transcurre más de un año.
En 2025 recibió más de 1.000 quejas en relación con la falta de resolución o la tramitación incorrecta, "un número significativo de quejas", recalca tras estimar en 100.000 los expedientes pendientes de resolución.
Retraso ayudas alquiler
El retraso en las ayudas para sufragar el alquiler, así como en el bono joven, la escasez de fondos para atender las necesidades, la imposibilidad de acceder a una vivienda o las esperas de años en la adjudicación de vivienda pública y protegida son algunas de las quejas trasladadas al Defensor del Pueblo.
En su informe de 2025, subraya que las ayudas destinadas a sufragar el alquiler de la vivienda llegan a sus beneficiarios con meses de retraso con demasiada frecuencia y que los fondos asignados no cubren el total de las solicitudes que cumplen los requisitos.
En el caso del Bono Alquiler Joven, también advierte de quejas en su tramitación y que transcurren meses sin que los jóvenes reciban ningún tipo de información sobre el estado de tramitación de su expediente. También se muestra preocupado el organismo por el número de solicitudes que no pueden atenderse debido al agotamiento del crédito presupuestario, lo que revela la necesidad de que en futuras convocatorias se incremente el presupuesto.
Limitar la vivienda turística
Entre las quejas recibidas también destaca la imposibilidad de acceder a una vivienda a precio de mercado o el elevado porcentaje de viviendas de alquiler turístico, que reduce y encarece el mercado de alquiler de vivienda permanente y habitual, y desequilibra el tejido social y económico de los municipios y sus servicios en caso de alcanzar un elevado porcentaje. Por ello, ve razonable limitarlo en los numerosos municipios donde se produce este problema.
A este respecto, destaca las "enormes" dificultades a las que se enfrentan los ciudadanos en el ejercicio del derecho a la vivienda y la preocupación que le suscita que el problema se haya intensificado, como consecuencia del aumento de los precios de la compra y del alquiler, que ha sido superior al incremento de los salarios y de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía.
Esto ha provocado un porcentaje muy elevado de inquilinos que debe realizar un sobresfuerzo para poder pagar el arrendamiento y recalca que los altos precios se han convertido en un factor que ahonda en la desigualdad y retrasa la emancipación de los jóvenes, lo que es más intenso en territorios y ciudades con más población y más turismo.
Ante el incremento sostenido de los precios del alquiler, cree que las Administraciones públicas deberían procurar utilizar las herramientas previstas en la Ley de Vivienda.
Además, aboga por incrementar tanto la oferta de viviendas como el parque de vivienda pública y protegida de precio limitado y defiende que las viviendas públicas y protegidas deban destinarse al alquiler frente a la compra y sujetarse a un régimen de protección permanente.
El Defensor alerta del auge de desahucios de familias vulnerables y de personas con empleo
El Defensor del Pueblo advierte del aumento de quejas de familias vulnerables afectadas por el desahucio de su vivienda habitual, a menudo con menores de edad, y subraya que entre las personas sin hogar también hay quienes cuentan con empleo o pensiones públicas.
La institución se muestra preocupada "de manera especial" por el incremento del número de quejas recibidas de personas afectadas por un desahucio judicial de su vivienda habitual. Se trata de familias vulnerables, a menudo con menores de edad, que requieren acceder a recursos habitacionales destinados a solventar situaciones de emergencia social, apunta.
En este sentido, indica que las 142 actuaciones realizadas en 2025 por esta institución en relación con estas quejas, frente a las 102 del año 2024 o las 60 del año 2023, reflejan la gravedad de la situación. Asimismo, señala que uno de los principales problemas que trasladaron los ciudadanos en este tipo de quejas es la falta de información y que desconocían a menudo lo que sucedería tras el desahucio o lanzamiento de sus viviendas, lo cual les generaba inseguridad e incertidumbre.
La institución considera relevante que las administraciones locales tengan previstos dispositivos de alojamiento temporal, destinado a solventar emergencias. No obstante, también detecta quejas desde la parte de los propietarios respecto a la regulación en determinados supuestos de vulnerabilidad económica del inquilino, o del ocupante sin título.
Por un lado, manifiestan su disconformidad con la regulación legal existente desde 2020, relativa a la posibilidad de que, en determinados supuestos de vulnerabilidad económica del inquilino, o del ocupante sin título, el juez pueda suspender los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual, por impago de la renta del alquiler, o por la entrada y permanencia en la vivienda sin título habilitante.
Además, los arrendadores y propietarios se quejan en ocasiones de la demora en recibir las ayudas de compensación previstas para estos supuestos de suspensión judicial de desahucios y lanzamientos. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de estas ayudas es de tres meses, si bien excepcionalmente el órgano competente puede acordar de manera motivada ampliar el plazo en tres meses más.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo también señala que la erradicación del chabolismo y la infravivienda debe convertirse en una prioridad.