La Fiscalía trabaja desde hace años en un proyecto para predecir la autoría de los incendios con inteligencia artificial
¿Quién se beneficia por las más de 400.000 hectáreas quemadas por los incendios?
Un registro de pirómanos o endurecer las penas de prisión son algunas de las propuestas para hacer frente a la oleada de incendios forestales que ha asolado España durante este verano. Además, la Fiscalía trabaja desde hace casi dos décadas en un proyecto para predecir la autoría de los fuegos con inteligencia artificial (IA), según informa Daniel Montero.
El periodista de Investigación Noticias Cuatro señala que se trata de un proyecto que arrancó hace 18 años de la mano de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo (SACD) de la Guardia Civil y de dos universidades autónomas, la de Madrid y Barcelona.
Falta de medios económicos
El objetivo inicial era crear un plan estadístico que, gracias a la IA, fuera capaz de predecir riesgos y de identificar los perfiles de las personas que iban a quemar el monte para, a continuación, desarrollarlo en otros delitos graves como las violaciones o los robos a gran escala.
El proyecto se quedó casi marchito por falta de medios económicos, apunta Montero. En 2021, la Fiscalía de Medio Ambiente alertaba de que no tenían fondos ni siquiera para montar un servidor propio.
Cabe destacar que en España hay 9.000 incendios cada año y la idea era que los datos se pudieran meter de forma remota. Y si eso no se puede hacer, la base de datos se va quedando muy pobre. Los fondos no tenían que ser de la Fiscalía y dependían en buena parte del Ministerio del Interior, señala el periodista.
Cuestionado sobre si en España se puede utilizar una IA para tomar decisiones judiciales, Daniel Montero explica que las mismas las toman las personas pero se basan en herramientas y añade que nos falta marco normativo para dar otro paso más.
En Estados Unidos, por ejemplo, se emplea un sistema predictivo para medir la reincidencia y en función de eso te pueden otorgar o no un permiso penitenciario. Es decir, se usa el resultado de la inteligencia artificial como argumento jurídico. En nuestro país ha habido proyectos pilotos y parece que es algo que tarde o temprano llegará.