La UE pacta reforzar el control sobre venta de armas de fuego pero elude el veto a los fusiles más peligrosos

El Ejecutivo comunitario ha lamentado en un comunicado que el acuerdo entre las instituciones no haya alcanzado el "nivel superior de ambición" de la propuesta inicial para prohibir las armas semiautomáticas más peligrosas, incluidos los fusiles de asalto AK 47 (Kalashnikov) y de la familia AR15.

Tampoco ha prosperado el tope máximo de 10 cartuchos con el que se propuso limitar la capacidad de los cargadores de las armas semiautomáticas autorizadas para el uso civil.

Las instituciones europeas han tardado un año en cerrar un acuerdo que se anunció como urgente y esencial para frenar la amenaza terrorista, tras la matanza de más de 130 personas en París la noche del 13 de noviembre de 2015.

"El mercado único no se construyó para permitir la libre circulación de Kalashnikov", avisó el Ejecutivo comunitario a principios de este mes de diciembre, buscando desbloquear el impasse en las negociaciones.

Con todo, el acuerdo final ha sido aplaudido por la Comisión en tanto que permite el refuerzo de las normas y porque sí incluye otras claves de su propuesta, como la prohibición de las armas automáticas transformadas en semiautomáticas y ampliar la cobertura de la directiva a museos y coleccionistas, hasta ahora eximidos de la regla comunitaria.

También contempla otras mejoras como el intercambio de información entre los Estados miembros, la realización de pruebas médicas en el examen para renovar el permiso de armas y la reglamentación para el uso de armas de alerta y acústicas.

Además se regula el comercio de armas a través de Internet, para someterlo a estrictas condiciones, y se aclaran las normas de "marcado" de las armas de fuego, con el objetivo de mejorar su trazabilidad y evitar que se pierda su pista si son desmontadas y reutilizadas por piezas.

Las armas desactivadas también pasarán a ser consideradas como armas de fuego pese a su inutilización, lo que obligará a sus propietarios a declarar su posesión ante las autoridades nacionales.

Tras el visto bueno de los Estados miembros, la nueva directiva debe aún someterse al voto del Parlamento Europeo ya a principios del próximo año. Las partes han acordado dar un plazo de 15 meses a las autoridades para trasladar la norma a las legislaciones nacionales a partir de su publicación.