Las ONG europeas denuncian el desvío de fondos de la UE para el desarrollo hacia el control migratorio

El EUTF ascendía a finales de 2017 a 3.100 millones de euros, de los cuales más de 2.900 millones correspondían al Fondo Europeo del Desarrollo. Los 234 millones restantes proceden de Estados miembro de la UE --Alemania e Italia son los principales contribuyentes-- y de otros socios.

A finales de diciembre, la UE había aprobado 131 proyectos valorados en 2.100 millones de euros en la región del Sahel y el Lago Chad, el Cuerno de África y el la zona norte del continente. El 42 por ciento de estos fondos se ha gestionado a través de países de la UE, de los cuales 52 millones han recaído en España, que tiene en la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) su principal herramienta para favorecer el desarrollo.

El coordinador del informe, Andrea Stocchiero, miembro del Grupo de Migraciones de CONCORD Europe, ha expuesto en Madrid las luces y sombras de un fondo surgido al albor de la llegada masiva de migrantes y refugiados a suelo europeo y de la "crisis de solidaridad" derivada de dicho flujo, cuyas consecuencias aún se arrastran a día de hoy.

El informe, basado en investigaciones y entrevistas tanto en África como en Europa, cifra en 555,1 los millones de euros del Fondo que han ido a parar a gestión de las migraciones, en su mayoría a la zona norte africana. Libia, país analizado en el estudio junto a Etiopía y Níger, ejemplifica en este caso la doble cara del EUTF.

La falta de socios fiables sobre el terreno o las violaciones de Derechos Humanos que se estarían cometiendo en Libia no han evitado que este país reciba 160 millones de euros de fondos europeos. Solo la Guardia Costera, una institución cuestionada por su política represiva con migrantes y ONG de rescate, ha recibido 46 millones, ha advertido Stocchiero.

Las dudas de CONCORD se extienden también a Níger y Etiopía, donde parte de la ayuda va condicionada al control de migraciones o a la cooperación en materia de retornos y readmisiones. En el caso de Níger, un país que, según Stocchiero, corre el riesgo de convertirse en una "zona tapón" de migrantes, se añade también el hecho de que algunos proyectos basados en seguridad "tienen una característica represiva".

RUTAS PELIGROSAS

La directora de la Coordinadora de ONGD de España, Maite Serrano, ha lamentado que las autoridades europeas hayan puesto el foco "en limitar el acceso de personas a situaciones seguras y en externalizar políticas" que en defender los Derechos Humanos y favorecer el desarrollo.

Esto ha dado lugar a que los migrantes y refugiados busquen rutas "cada vez más largas y peligrosas" y a que el Mediterráneo se haya convertido en una "fosa común". En lo que va de año, al menos 570 personas han perdido la vida intentando llegar a las costas del sur de Europa, según un balance de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El informe insta a "integrar los Derechos Humanos" en todas las variables del Fondo, así como a garantizar que la ayuda al desarrollo no se utiliza para medidas de control de la migración o de coerción ni implica ninguna "condicionalidad", lo que pasa también por una mayor transparencia y supervisión de todo el programa.

El Parlamento Europeo, apunta CONCORD, debe tener voz en un instrumento que pivota básicamente en la Comisión y en los Estados miembro. Para que un país participe en el Comité Operativo del EUTF, responsable de la selección de los proyectos, debe haber invertido al menos 3 millones de euros.

Asimismo, solicita el establecimiento de rutas legales y seguras para migrantes y refugiados, un compromiso que firmaron la UE y los Estados miembro en noviembre de 2015 pero en el que apenas se han dado pasos.

Una portavoz de Educación para la Ciudadanía Global de la Coordinadora de ONGD, Irene Ortega, ha incidido en el caso español para reclamar una mayor celeridad en la resolución de las solicitudes de asilo y resolver el "limbo" en el que se encuentran miles de personas. Solo en 2017 se presentaron en España más de 40.000 peticiones que se acumularon a las 34.000 pendientes de años anteriores.